Las revelaciones del llamado caso Koldo, las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante el periodo más duro de la pandemia, han comprometido la trayectoria política y el papel institucional de Francina Armengol, en aquellos momentos al frente del Gobierno de Baleares y hoy presidenta del Congreso. El hecho de que se vea cuestionada no es una cuestión menor y puede abrir una crisis política muy grave en una legislatura que, ya de por sí, es extremadamente frágil. Más de una semana ha tardado Armengol en convocar una comparecencia pública para dar explicaciones y lo ha hecho después de que la Fiscalía Europea decidiera abrir una investigación por el presunto uso irregular de fondos comunitarios. La presidenta del Congreso convirtió ayer su esperada presencia ante los medios en un ataque frontal al PP y, sin embargo, dejó abiertas la mayor parte de las dudas que se han planteado sobre la actuación de su Gobierno. Queda claro por sus palabras que Armengol descarta cualquier asunción de responsabilidades, aunque si el Gobierno y el PSOE aplicaran a la presidenta del Congreso los mismos criterios que usaron con el diputado y ex ministro José Luis Ábalos, en el Grupo Mixto tras negarse a renunciar a su escaño, es evidente que no podría seguir en su puesto. Ni Ábalos ni Armengol están investigados ni han sido llamados a declarar, ni tan siquiera como testigos, pero las revelaciones contenidas en el sumario apuntan, de entrada, a una clara responsabilidad política y señalan un comportamiento que merece más explicaciones que las dadas hasta ahora. La Presidencia del Congreso es una pieza clave de la arquitectura institucional de la democracia y que su titular se vea zarandeada un día sí y otro también debilita la fortaleza del sistema. Por eso, España no puede permitirse tener por tiempo indefinido a la tercera autoridad del Estado en medio del fuego cruzado y a expensas de lo que se vaya sabiendo de un caso que cada vez huele peor.