El Senado de EEUU aprueba la Ley de Escuchas Telefónicas

  • La norma da libertad a los servicios de Inteligencia para espiar sin autorización judicial

El Senado de EEUU aprobó ayer la práctica de escuchas telefónicas que el Gobierno implementó desde los ataques terroristas del 11-S con la aprobación de la Ley de Escuchas Telefónicas.

Esta norma otorga a los servicios de Inteligencia amplias libertades para escuchar llamadas entre estadounidenses y sospechosos de terrorismo que viven fuera del país, sin que sea necesaria la autorización de la Justicia.

El presidente de EEUU, George W. Bush, argumentó que proteger este programa de escuchas telefónicas es crucial para prevenir futuros ataques terroristas contra el país. Es importante que los servicios secretos sigan "sabiendo lo que los terroristas dicen y proyectan", agregó Bush.

El Senado votó ayer el proyecto de ley con 69 voces a favor y 28 en contra. Tal como ya sucedió en la Cámara de Representantes, tanto republicanos como demócratas aprobaron la norma.

Un amargo debate se sostuvo durante años respecto del balance apropiado entre la seguridad nacional y las libertades civiles, y la Unión Norteamericana de Libertades Civiles (ACLU) de inmediato anunció que desafiará la medida ante las cortes de los Estados Unidos.

La Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) amplía la supervisión del Congreso sobre el programa y restablece la primacía de una corte especial designada para aprobar todos los requerimientos del Gobierno para escuchas telefónicas así como correos electrónicos que se produzcan en EEUU.

El programa de vigilancia sin orden judicial de Bush fue hecho público en 2005 y cerca de 40 causas contra empresas telefónicas están pendientes de resolución en los juzgados estadounidenses. Algunos demócratas en el Senado se opusieron a suspender dichos procedimientos. "Este no es el momento de cerrar estas causas" señaló el senador demócrata Christopher Dodd, un acérrimo opositor a la ley, durante el debate. "Mi confianza está en los tribunales", agregó.

La ACLU calificó la norma "flagrante ataque a las libertades civiles del individuo y al derecho a la privacidad".

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