La familia de Uría critica la "hipocresía" de ETA y a los "cobardes" que callan

  • La viuda y los hijos del empresario asesinado acusan a la banda de "imponerle" la muerte, al tiempo que se quejan de las "imposiciones que sufre Euskal Herria" · Dicen que "se sentía vasco y nacionalista"

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La viuda y los hijos de Ignacio Uría, el empresario de Azpeitia asesinato el pasado 3 de diciembre, denunciaron ayer la "hipocresía" de ETA por estar "en contra de las imposiciones que sufre Euskal Herria" y, sin embargo, "imponer" su muerte, así como la "cobardía" de quienes no han condenado este atentado.

La viuda, Manoli Aramendi, y sus cinco hijos, han difundido un comunicado dirigido a la sociedad vasca "con dolor y agradecimiento", en el que relatan sus sentimientos tras la muerte de Ignacio Uría y opinan por primera vez sobre la organización terrorista y sobre quienes no condenan sus asesinatos.

Tras recordar que era "una buena persona, un hombre normal, humilde y trabajador" que trabajó desde niño junto a sus hermanos para sacar adelante la empresa constructora que fundó su padre, ponen de relieve que "amaba a Euskal Herria" y "se sentía vasco y nacionalista". "Pero al parecer eso no le era suficiente para poder vivir en libertad en su tierra" porque "los mismos que dicen estar en contra de las imposiciones que sufre Euskal Herria, le han quitado su derecho a vivir con dos cobardes disparos", destaca la familia, que se pregunta: "¿Cómo se puede estar en contra de las imposiciones y luego imponer una muerte que no tiene vuelta atrás?, ¿no es ésta una clara prueba de hipocresía?".

La familia reconoce que estas preguntas se revuelven en su interior y que no tienen respuesta.

"ETA, ¿por qué, para qué y en nombre de quién habéis asesinado a Inaxio? ¿Es así como vais a liberar a Euskal Herria, echando piedras contra nuestro propio tejado?", continúa el comunicado, que añade que "la mejor respuesta" que podría darles a ellos y a todos los que aman a este pueblo "sería acabar con toda esta violencia" y que "la muerte de Inaxio sea la última".

La viuda e hijos del fallecido subrayan asimismo que "también viven entre nosotros otros vascos que no han tenido la valentía de condenar este asesinato", y entre ellos, "sin ir más lejos", "se encuentra el alcalde de Azpeitia", Iñaki Errazkin (ANV), y "sus concejales", que son "del mismo pueblo" donde nació el empresario asesinado y su familia.

Tras considerar "muy grave que maten con dos disparos a un hijo de tu pueblo y no seas capaz ni de condenarlo", la familia se dirige a estos representantes de ANV para decirles que "ha llegado a Euskal Herria la hora de dejar atrás la cobardía, para todos, empezando por los políticos hasta el ciudadano más humilde".

"Poneos todos en nuestro lugar y tratad de encontrarle un sentido a todo esto. No lo vais a encontrar porque no lo tiene. Ya es hora de que cada uno deje sus intereses particulares a un lado y que nos unamos todos. Ése será el mejor favor que podemos hacer a nuestro país" y la única manera de poder vivir "en libertad", agrega la nota.

La familia de Ignacio Uría insiste en preguntar a ETA qué mal hizo el fallecido. "¿El haber participado en las obras del TAV? ¿El ser empresario? ¿Es ése el pecado que le ha condenado a morir? ¿Quién decide quiénes son los culpables en nuestro país? ¿Quién ha firmado la sentencia antes de celebrar el juicio?: ETA".

Ponen de relieve que el pueblo vasco ya sufrió la represión fascista "y ahora ETA está haciendo lo mismo", añade la nota de Manoli Aramendi y sus hijos, que considera que los únicos logros de este atentado son "destrozar a una familia y hundir todavía más a este pueblo". Admiten que ellos no saben hacer política ni son ideólogos o filósofos, y que sus palabras "no cambiarán este mundo" porque la gente "olvidará todo esto", pero se muestran convencidos de que "si cada uno hiciera una pequeña reflexión, este pueblo sufriría un poco menos".

El pleno del Ayuntamiento de San Sebastián rechazó ayer la propuesta del grupo municipal del PP de retirar el nombre de una calle de la capital donostiarra dedicada al supuesto etarra Mikel Gardoki al considerar que no se ha demostrado que éste fuera un miembro activo de la banda.

La petición de los populares fue rechazada con los votos contrarios de los tres partidos del gobierno municipal (PSE, EB y Aralar), así como los de EA y la abstención del PNV.

La portavoz del PP, María José Usandizaga, mostró su "desesperación" por que "víctimas y verdugo compartan protagonismo" en la ciudad.

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