Investigan a dos empresarios por ceder ante la extorsión etarra

  • El consejero delegado de Sidenor y otro patrono fueron retenidos unas horas por la Guardia Civil al aparecer pruebas de que pagaron forzosamente a la banda terrorista

Dos empresarios retenidos ayer por la mañana en Bilbao y Oyarzún (Guipúzcoa) mientras se practicaba el registro de sus viviendas por el presunto pago del impuesto revolucionario a la organización terrorista ETA quedaron por la tarde en libertad, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.

El registro de las viviendas del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y de al menos otro empresario en la localidad guipuzcoana de Oyarzún se llevó a cabo después de que entre los papeles incautados al presunto jefe de los comandos de ETA Javier López Peña, Thierry, se encontraran pruebas de que ambos realizaron pagos de forma forzosa a la banda terrorista.

Según las citadas fuentes, los empresarios únicamente permanecieron retenidos durante el tiempo en el que la Guardia Civil realizó el registro de sus viviendas, que se desarrolló ante ellos. Estas fuentes, de igual modo, descartaron que se haya producido la detención judicial de los dos industriales.

Los registros, ordenados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, se enmarcan en la investigación que lleva a cabo este magistrado para perseguir la extorsión a empresarios del País Vasco y Navarra llevada a cabo por la organización terrorista.

En una operación similar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 envió el pasado 12 de junio a la cárcel a las empresarias de Orio (Guipúzcoa) María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz después de que la Policía francesa incautara a Thierry una carta en la que la organización les agradecía el pago voluntario de 6.000 euros.

La misiva, firmada por la organización terrorista, fue localizada en el registro de la pequeña vivienda de Burdeos que ocupaban Thierry y los presuntos miembros del aparato político Ainhoa Ozaeta, Igor Suberbiola y Jon Salaberria, que fueron detenidos en la localidad francesa el pasado 10 de mayo.

Garzón tiene abierta una causa sobre el pago del impuesto revolucionario a ETA en la que se encuentran imputados una veintena de personas, entre ellas Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán de Irún en el que supuestamente se realizaban las entregas, y el ex responsable de Relaciones Internacionales del PNV Gorka Agirre, al que imputó en 2006 como presunto intermediario el juez Fernando Grande-Marlaska.

Mientras tanto, la cantera etarra sufrió ayer un nuevo golpe policial con la detención de diez jóvenes en la localidad guipuzcoana de Oyarzún, implicados en diversos actos de kale borroka, cuando intentaban acceder a los juzgados de San Sebastián. Sobre todos ellos pesaba una orden de busca y captura: ocho de los detenidos huyeron tras la operación policial contra el terrorismo callejero el pasado mes de abril y los otros dos huyeron de otra operación policial posterior a principios de mayo en Baracaldo.

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