El Gobierno y el PP recurren ante el Tribunal Constitucional la consulta popular vasca

  • Para Ibarretxe, este recurso del Gobierno es un ataque directo a la autonomía vasca y supone, de hecho, "la suspensión" del autogobierno político

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El Gobierno ha recurrido este martes ante el Tribunal Constitucional la Ley que convoca una consulta popular en el País Vasco el próximo 25 de octubre sobre el diálogo y la normalización, argumentando que se trata de un referéndum ilegal cuya convocatoria es exclusiva competencia del Estado.

El recurso de inconstitucionalidad, presentado por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, asegura que la Ley del Parlamento vasco, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad, "es, con toda claridad, un referéndum consultivo" en el que se pregunta a los ciudadanos vascos sobre asuntos de trascendencia para toda España.

Asimismo, considera que la consulta planteada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, viola el espíritu constitucional de unidad y soberanía nacional y ha incumplido el reglamento del Parlamento vasco en su tramitación.

Para Ibarretxe, este recurso del Gobierno es un ataque directo a la autonomía vasca y supone, de hecho, "la suspensión" del autogobierno político, "dejando a las instituciones vascas indefensas".

El Ejecutivo, sin embargo, cree que así garantiza la tranquilidad de los ciudadanos porque se va a evitar que se produzca un "referéndum ilegal" en el País Vasco, según ha dicho la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

A juicio del Gobierno también son contrarias a la Constitución las preguntas que plantea el lehendakari en su consulta y así lo expone en el recurso de inconstitucionalidad la Abogacía General del Estado.

La reclamación del Ejecutivo considera que preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo con que los partidos vascos "sin exclusiones inicien un proceso de negociación" sobre el derecho a decidir del pueblo vasco supone una violación de la Constitución, que atribuye la soberanía nacional al pueblo español (y no a una parte del mismo), y atenta contra la unidad de la Nación española.

Sólo unas horas después de que el Gobierno registrara el escrito, el Partido Popular presentaba su propio recurso de inconstitucionalidad contra la consulta vasca basado, precisamente, en "la defensa de la soberanía del pueblo español".

Al igual que el Ejecutivo, el PP cree que la pregunta sobre el "proceso de final dialogado de la violencia con ETA" elude la voluntad del pueblo español en su conjunto y concede a la organización terrorista el carácter de sujeto válido de interlocuciónpolítica.

Los 'populares' esperan que su recurso se acumule al interpuesto por el Ejecutivo y que se resuelva antes de septiembre, coincidiendo así con la petición de la Abogacía General del Estado, que ha solicitado al TC que habilite el mes de agosto "por tratarse de un asunto cuyo fallo no puede demorarse sin quebranto para la Justicia".

Una petición que también ha formulado al Alto Tribunal el Gobierno vasco, aunque en este caso lo que pide al TC es que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma antes del 15 de septiembre próximo, fecha tope establecida en la ley para convocar oficialmente la consulta del 25 de octubre.

En la impugnación del Gobierno, se invoca expresamente el artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la suspensión inmediata de la norma recurrida, pero establece que el Tribunal, en su caso, deberá ratificar esa suspensión o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Una vez transcurrido ese tiempo, el TC podría decidir mantener o levantar la suspensión de la ley, pero no tiene plazos para resolver sobre el fondo del asunto, aunque se espera que decida en un plazo breve dada la trascendencia política de la cuestión

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