Cientos de personas acudieron al Consulado de España en Buenos Aires para solicitar la nacionalidad española y acogerse a la Ley de la Memoria Histórica, que, según el Gobierno de Madrid, podría beneficiar a medio millón de ciudadanos en todo el mundo, 300.000 de ellos argentinos.

La medida, aprobada el pasado viernes por el Gobierno de España, reconoce el derecho a solicitar la nacionalidad a hijos y a nietos de españoles que la han perdido o tuvieron que renunciar a ella por el exilio en el período que comprende desde el 18 de julio de 1936, cuando comenzó la Guerra Civil (1936-1939), al 31 de diciembre de 1955.

Según cálculos del Gobierno español, en torno a medio millón de personas reúnen los requisitos para solicitar la ciudadanía, en su mayoría residentes en Argentina, Uruguay, Cuba, Chile, Venezuela, México y Francia.

En Buenos Aires, donde reside la mayoría de los descendientes de españoles en Argentina, cientos de personas acudieron al Consulado para iniciar los trámites o recabar información en la primera jornada hábil tras la entrada en vigor de la normativa.

Sólo en las dos primeras horas de actividad fueron atendidas unas 650 personas, declararon  funcionarios del consulado, una cifra significativa teniendo en cuenta que Argentina está en estos días prácticamente paralizada por las vacaciones del verano austral y las fiestas navideñas.

De todas formas, fuentes oficiales precisaron que no sólo se acercaron interesados en la llamada "ley de nietos", sino que también acudieron personas para realizar todo tipo de trámites consulares.

Adela Carrera se presentó a primera hora en el Consulado para tener información de primera mano sobre sus posibilidades de conseguir la nacionalidad como hija de españoles. "Mi padre vino en 1920, no sé si entra en los requisitos, pero vino por necesidad económica y eso debería tenerse en cuenta", apuntó Adela, que se enteró de la aprobación de ley por familiares que residen en España.

Tampoco Graciela Vicente, hija de un español que emigró a Argentina en 1913, conocía en detalle los términos de la normativa. "No pierdo la esperanza porque espero que la ley no sea tramposa, que no sea una medida política", señaló Graciela, confiada en que la nueva medida pueda facilitar que sus hijos emigren a España en el futuro.

Para Ramón Rodríguez, conseguir la nacionalidad española es una cuestión de "tradición" y no de oportunidades económicas. "Todos somos 'gallegos' (como se denomina genéricamente a los españoles en Argentina) y debemos mantener la tradición. Yo tengo el pasaporte español y no voy a irme a vivir a España, pero quiero conseguir la ciudadanía para mi hija para que no se pierda la tradición", afirmó. Según Rodríguez, la ley aprobada por el Gobierno español "es buena" pero es necesario "que no sea discriminatoria para que no seamos considerados ciudadanos de segunda". "Luchamos para que todos seamos parejos, los descendientes de exiliados por la dictadura y los que no, porque todos salieron buscando una oportunidad", añadió.

Analía Marino llegó al Consulado en busca de esa oportunidad tras intentar conseguir la ciudadanía española durante ocho años. "Nosotros acogimos a todos aquí, a españoles, italianos, griegos, y un reconocimiento no estaría mal", opinó Analía, quien, si consigue los papeles, pretende instalarse en España. "Mi abuelo era de Cáceres y emigró durante la dictadura, si ahora me dan la oportunidad de tener la nacionalidad será lo mejor que me ha pasado", agregó Analía, que vivió varios años en España y tuvo que regresar a Buenos Aires porque no logró tramitar la residencia.

Fuentes oficiales indicaron que el Consulado de España en Buenos Aires tiene autorizada la contratación de un máximo de 25 personas para atender la demanda generada por esta ley. Para evitar las aglomeraciones en las puertas de la legación, los portavoces recomendaron que los interesados reserven turnos por internet, de los que se entregan cada día unos 250, el doble de los que se otorgaba hasta ahora para atender todo tipo de trámites.

La normativa establece un plazo de dos años para presentar las solicitudes, aunque no se descarta una prórroga por un año más, tal como fija la Ley de la Memoria Histórica, que entró en vigor en diciembre de 2007.