El Parlamento Europeo (PE) rechazó ayer con una holgada mayoría absoluta la ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales, el límite que acordó el Consejo Europeo en la reforma de la directiva comunitaria sobre el tiempo de trabajo. El no de la Eurocámara fue sorprendente a tenor de los pronósticos de los propios diputados, muy divididos, y forzará a los estados miembros a negociar un nuevo texto con el PE.

Finalmente, 421 de los 785 parlamentarios apoyaron la eliminación en un plazo de tres años del opt-out, la cláusula que permite, en caso de acuerdo entre el empresario y el trabajador, que éste trabaje más de 48 horas por semana. La postura del PE es, así, totalmente opuesta a la de los países de la UE, que habían pactado -con la negativa de España y Grecia- convertir esa excepción temporal obtenida por el Reino Unido en una vía definitiva para permitir a los trabajadores alargar sus jornadas hasta un máximo de 65 horas semanales. Esos límites estarían calculados como media sobre un periodo de tres meses, por lo que en una semana sería posible superarlos ampliamente.

La jornada extendida contaba con la oposición frontal de los sindicatos europeos, que ayer se manifestaron en Estrasburgo para evitar la aprobación de la que algunos llamaron "directiva de la esclavitud" y que expresaron su "satisfacción" por la respuesta del Parlamento. "Esto no es un contratiempo para los estados, es una opción para rectificar una decisión equivocada", dijo inmediatamente después de la aprobación de su informe el principal rostro de la oposición a la directiva en la Eurocámara, el español Alejandro Cercas (PSOE).

Cercas fue apoyado por la gran mayoría de los diputados socialistas y de izquierda, así como por una parte importante de liberales y conservadores, incluido el PP. Más de 500 de los 785 eurodiputados se opusieron también a las disposiciones que afectaban a los profesionales del sector sanitario, y que pretendían que los periodos inactivos de las guardias médicas dejasen de ser considerados como tiempo de trabajo. Varias sentencias de la Justicia europea han dictaminado que todas las guardias deben contarse como tiempo trabajado, lo que coloca a muchos países en situación irregular y, según ellos, pone en peligro los sistemas de sanidad. La patronal europea, BusinessEurope, criticó la postura del PE y advirtió de que "priva a las empresas de la flexibilidad que necesitan" y puede dificultar el funcionamiento de algunos sectores como el sanitario.

El no abrirá en enero un periodo de conciliación de 90 días entre la cámara y los estados miembros para tratar de pactar un nuevo texto.