ANÁLISIS

Defensa e industria

  • El gasto español en Defensa es de 11.000 millones anuales y debe pasar a 24.000 para cumplir con las exigencias de la OTAN

  • Hay que intentar que este mayor gasto tenga retorno industrial

Esta semana se ha celebrado en Sevilla una jornada organizada por la Asociación de Empresarios de España y por el Ministerio de Defensa que ha servido, al menos a los legos como yo, para comprender mejor las implicaciones del gasto en defensa y la capacidad de arrastre industrial que tienen sus inversiones, así como para conocer también los propósitos y contenidos del Plan de Acción Europeo de Defensa (EDAP). Y ha sido destacable la presencia de empresas locales de muy diferente especialización, tales como Ghenova Ingeniería -una de las ingenierías navales más importantes de Europa-, Aciturri y Santa Bárbara Sistemas, filial española de General Dynamics y que cuenta con varias plantas en nuestro país además de la alcalareña.

Comenzando por el mencionado plan, se trata de una iniciativa presentada a finales de 2016 por la Comisión Europea, teniendo entre sus objetivos principales contribuir a que la base industrial y tecnológica europea pueda satisfacer las necesidades actuales y futuras de la UE en materia de seguridad, de modo que se pueda mejorar nuestra autonomía estratégica. Es de especial importancia reseñar que el plan incluye la dotación de un Fondo Europeo de Defensa, orientado al apoyo a la inversión en investigación y al desarrollo conjunto de equipos y tecnologías. Contiene el fondo dos estructuras o secciones de financiación diferenciadas: la "sección de investigación" y la "sección de capacidades", ambas con dotación en el actual marco financiero plurianual de la UE que se espera pueda ser ampliado a 500 millones de euros anuales en el marco posterior a 2020, mediante un programa específico de investigación en defensa. Vale decir que las acciones hasta entonces tienen, sobre todo, un carácter preparatorio, siendo muy interesante que la mencionada sección de capacidades se contempla como herramienta financiera para que los estados participantes -España entre ellos- puedan adquirir conjuntamente determinados activos, centrándose en fases posteriores en la investigación; es decir, en el desarrollo y compra de tecnologías, prototipos y productos. De esta sección se espera una gran capacidad de movilización que los expertos llegan a cifrar en unos 5.500 millones de euros al año una vez completamente desplegada.

Esa es la cifra que el presidente Junker, en su declaración sobre el Estado de la Unión, en el mes de septiembre de este año, ha propuesto para el Fondo Europeo de Defensa, señalando como línea prioritaria la creación de una industria europea de defensa más fuerte y más competitiva.

Es cierto, como es bien sabido, que ya ha habido desarrollos conjuntos en Europa en el campo de la defensa, muy particularmente en el campo de la aviación militar, pero sin parangón en otros campos en los que predominan las orientaciones nacionales y la consiguiente existencia de proveedores orientados y enfocados, sobre todo, en su cliente nacional, como podría ser el caso de la construcción naval militar en España. No es de menor importancia que en Europa estemos desarrollando un vector industrial animador del desarrollo de tecnologías complejas y que va a obligar al estrechamiento de relaciones entre empresas hasta ahora, con notables excepciones, muy orientadas a su propio ámbito nacional o al trabajo al servicio de su empresa tractora nacional cuando ésta actúa en el exterior. Quizá el caso ejemplar en este ámbito sea precisamente el de Navantia y sus éxitos internacionales en la construcción de buques para diferentes Armadas.

El marco general en el que todo esto se va a desenvolver es, obviamente, el presupuesto de Defensa de los países miembros de la UE y su aportación a la OTAN. Como también es sabido, desde la anterior presidencia de EEUU, se ha reclamado una mayor aportación de los restantes partícipes, enormemente desigual incluso teniendo en cuenta el tamaño de la economía norteamericana. El gasto total fue en 2016 del orden de 900.000 millones de dólares, de los cuales el 72% correspondió a EEUU. Casi diez veces menos fue el gasto del Reino Unido, y entre Francia y Alemania sumaron un 9% del total. El gasto español fue, también en 2016, del orden de 11.000 millones de euros, apenas un 1,2% del total de la OTAN. La presión norteamericana ha conducido al compromiso entre los países integrantes de situar el gasto nacional antes de 2024 por encima del 2% de su PIB. En nuestro caso eso significaría unos 24.000 millones de euros, duplicando nuestro presupuesto. Parece de todo punto razonable dedicar todo el esfuerzo posible a maximizar el retorno industrial que se puede derivar de ese posible incremento presupuestario, máxime cuando ese retorno no es sólo la fabricación de unos u otros equipos, sino estímulo al progreso tecnológico y al desarrollo de nuevas capacidades.

Están, por otra parte, conjuntándose dos factores de interés para el futuro de la industria relacionada con la Defensa. En primer lugar, un cambio en la trayectoria tradicional del trasvase de tecnología entre el mundo militar y el civil. Habitualmente, los desarrollos tecnológicamente más avanzados procedían del primero y se licenciaban luego para uso civil. Buena parte de las tecnologías ahora comúnmente utilizadas (GPS, internet, telefonía móvil y muchas otras) tienen un origen militar. Sin embargo, estamos asistiendo a un proceso inverso en algunos casos, bien por el progreso alcanzado en algunas tecnologías civiles o bien por el abaratamiento que supone el aprovechamiento de tecnologías concebidas para su utilización en mercados de gran escala, y cuyas adaptaciones militares suponen un coste mucho menor que su diseño específico.

En segundo lugar, será inevitable una estandarización y homogeneización de la disparidad de equipos de todo tipo que ahora utilizan los ejércitos europeos. Señalan los expertos que esto no es sostenible, por razones fáciles de comprender, y esto tendrá consecuencias para la industria. Y en esta dirección hay que señalar la recientísima incorporación de España a la Cooperación Estructurada Permanente de la Unión Europea (Pesco, en sus siglas en inglés), que ha sido objeto de elogio por Tedae, la Asociación Española de Empresas de Defensa Aeronáutica y Espacio. Eso sí, una de las muy probables consecuencias de esta cooperación intensificada será que los concursos adquirirán un carácter mucho más internacional que el actual y serán, por consiguiente, mucho más competitivos todavía. Las empresas no internacionalizadas, o que sólo sirven a su tractora en sus proyectos internacionales, tendrán que desarrollar nuevas capacidades de acción fuera de su propio país y, en no pocos casos, habrán de ganar mayor dimensión, mediante crecimiento orgánico, adquisiciones o acuerdos estratégicos firmes, bien con otros partners nacionales o, muy probablemente y quizá mejor, extranjeros. Ayudar a este proceso y hacerlo con inteligencia sería un buen propósito para la política industrial de nuestro país.

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