Cese exigido o renuncia oportuna: el juicio a la ex cúpula de Abengoa queda visto para sentencia

  • El ex presidente Felipe Benjumea; su consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega y otros tres ex consejeros acusados de avalar las indemnizaciones millonarias para los dos primeros esperan ya la sentencia.

Felipe Benjumea acude al juicio en la Audiencia Nacional, en octubre pasado. Felipe Benjumea acude al juicio en la Audiencia Nacional, en octubre pasado.

Felipe Benjumea acude al juicio en la Audiencia Nacional, en octubre pasado. / FERNANDO VILLAR / Efe

La Audiencia Nacional ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio contra el ex presidente de Abengoa Felipe Benjumea, su consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, y otros tres ex consejeros, acusados de avalar con su "complacencia" las indemnizaciones millonarias para los dos primeros.

La sección cuarta de la sala de lo Penal ha dado por concluida una causa iniciada en diciembre de 2015, apenas tres meses después de que se hiciera efectivo el relevo en la Presidencia, un cambio que, según las acusaciones, no fue sino una "renuncia voluntaria disfrazada de cese" a fin de procurar una serie de beneficios económicos a quien estuviera al frente de la compañía durante 25 años "a costa de los accionistas".

Once jornadas, seis más de las inicialmente programadas, en las que ambas partes han reiterado ante el tribunal que preside la juez Ángela Murillo las principales líneas de una estrategia que, en el caso de los accionistas y bonistas, pasa por evidenciar que tanto Benjumea como Sánchez Ortega allanaron unas condiciones beneficiosas antes de "abandonar el barco" cuando la falta de liquidez amenazaba a la compañía.

Para ejecutar este plan, los antiguos gestores habrían contado con la ayuda del Comité de Nombramientos y Retribuciones, con Mercedes Gracia a la cabeza, y los exconsejeros Alicia Velarde y Antonio Fornieles -a la postre, presidente de la multinacional durante seis meses-, que ofrecieron su "ayuda imprescindible y cooperación indispensable".

Una "suerte de complicidad que consiguieron transmitir al resto de miembros del Consejo", que hizo que nadie analizara los documentos o estudiara las condiciones que habilitaron las indemnizaciones de 11,4 y 4,5 millones de euros percibidas, respectivamente, por Benjumea en concepto de cese anticipado y Sánchez Ortega por no concurrencia, según sostiene la Plataforma de Perjudicados por Abengoa.

Precisamente, el letrado de la agrupación, Eliseo Martínez, se ha antojado protagonista en la intrahistoria de este juicio después de cinco horas de informe, repartidas en dos días, en los que, además de asumir el criterio de la Fiscalía, ha afeado a los peritos de la defensa por afirmar que "nadie podría haber previsto (la crisis de la compañía) sin tener una bola de cristal".

Más crítico el abogado Felipe Izquierdo, que señaló a los expertos "bankios" -en alusión a la participación de los catedráticos en el caso Bankia- por llevar a cabo peritajes con "un evidente divorcio con la realidad".

Aunque con delicada sutileza, no han faltado el cruce de reproches entre los estrados, a los que aludió el abogado de Benjumea, Ignacio Ayala, que reprobó la "impotencia" de las acusaciones en lo que entiende un intento de ataque personal por ejercer la defensa del que fuera vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio de cárcel por el mismo tribunal por las "black".

Durante su informe, Ayala apercibió a la sala de la "maniobra de distracción" de la parte contraria, al cuestionar la viabilidad de la compañía en el momento en el que se consolidó el cambio de la Presidencia, septiembre de 2015, unos hechos vinculados a la causa por presunta falsedad contable que actualmente instruye el juez Ismael Moreno.

Con todo, el abogado de Sánchez Ortega, Javier Sánchez Junco, ha querido destacar que si bien su cliente "podía haberse ido cuando hubiera querido", cuando abandonó la multinacional en el verano de 2015, "la empresa estaba en absoluta normalidad" y "no existía ni un solo dato objetivo" que presagiara el preconcurso de noviembre de ese año.

Asimismo, ha rechazado las teorías de las acusaciones, que reprochan a Sánchez Ortega haber permanecido en la sociedad tiempo después, y ha indicado que "sólo se le ha pagado el mes de junio" en el que asesoró a su sucesor.

Palabras que evocan la declaración del ex consejero delegado, quien cobró "no una indemnización ni gratificación sino una contraprestación en interés de la compañía", algo que en Abengoa "era una norma general" y que fue estudiada por "cuatro actos del Consejo de Administración y seis reuniones de la Comisión de Nombramientos".

Una Comisión sin potestad para aprobar ni los contratos ni las indemnizaciones, han manifestado los letrados de Gracia, Velarde y Fornieles -que se enfrentan a cuatro años de cárcel-, firmes al plantear que la marcha de Benjumea fue "un cese impuesto".

Un mes después, el "barco" de Abengoa, tantas veces sacado a flote por las partes, echa "anclas" en la Audiencia Nacional a la espera de que la sala dé a conocer una sentencia con la que, previsiblemente, retomará su travesía, esta vez con escala en el Tribunal Supremo.

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