Una veintena de particulares mantienen vivo el proceso judicial abierto a raíz del incendio que arrasó más de 4.100 hectáreas de terreno forestal en Cerro Muriano hace ahora un año, el suceso medioambiental más trágico registrado en la provincia en las últimas décadas. A pesar de que la Fiscalía Provincial solicitó hace unos meses el archivo del procedimiento, fuentes judiciales explicaron ayer que la veintena de particulares afectados por las llamas se mantienen en el caso y todavía esperan una resolución que determine la responsabilidad del siniestro.

Tras analizar los informes elaborados por el Infoca y el Seprona, el Ministerio Público concluyó que no existían indicios de delito en el incendio, que se originó supuestamente en el campo de tiro de la base militar de Cerro Muriano. Las llamas se declararon en la tarde del 27 de julio del año pasado en los límites del recinto militar y se dio por extinguido tras una dura semana de trabajo por parte del Infoca y tras arrasar más de 4.100 hectáreas de terreno de gran valor medio ambiental.

Cuando las llamas continuaban devastando el término municipal de Obejo, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció la apertura de diligencias para aclarar el origen de las llamas, un procedimiento que pasó a manos del Juzgado de Instrucción número 2 y que aún se mantiene abierto. Al día siguiente, fue el fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, quien avanzó que se había puesto en marcha una investigación paralela para llegar hasta el origen del suceso ante la sospecha de que las llamas fueran provocadas y no fortuitas, como en un principio barajaron las autoridades.

La primera teniente de alcalde de Obejo, Adela Romero, recordó ayer que su Ayuntamiento tramitó dos decenas de instancias de los vecinos perjudicados y las remitió al Juzgado, por una parte, y a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, por otra. Estas dos administraciones se comprometieron a sufragar los costes de la reforestación y recuperación ambiental, unos trabajos que ya han comenzado, dijo Romero. La edil también recordó que aunque el Ayuntamiento se personó inicialmente en la causa, posteriormente se retiró del caso. Después del trágico verano pasado, el Ministerio de Defensa ha triplicado este año los cortafuegos en la base militar para evitar un nuevo incidente y las patrullas de vigilancia son mucho más visibles, reconoció la responsable política.

El origen de las llamas y su relación con el Ejército provocó un pequeño conflicto dialéctico entre la Junta de Andalucía y los propios militares, ya que la Administración autonómica les achacó hasta en tres ocasiones la responsabilidad de las llamas sin contar todavía con los informes pertinentes. También la Fiscalía Provincial de Córdoba participó en la polémica debido a la dilación de la Junta de Andalucía en entregar los estudios sobre las llamas. El fuego del Muriano arrasó 1.683 hectáreas de alto valor ecológico; los terrenos más afectados fueron los Lugares de Interés Comunitarios de la Red Natura 2000, junto al Guadalmellato. Fincas como Los Puntales, Choza Redonda o Suerte Lentisco fueron pasto de las llamas.