Las quejas al Defensor del Pueblo Andaluz aumentan un 38% en un año

  • Las políticas sociales acaparan casi el 70% de las reclamaciones de los cordobeses

Un grupo de personas pasea por la calle Cruz Conde. Un grupo de personas pasea por la calle Cruz Conde.

Un grupo de personas pasea por la calle Cruz Conde. / el día

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El Defensor del Pueblo Andaluz ha presentado esta semana su balance anual, correspondiente al año 2016, y en el que se observa un aumento de las reclamaciones a esta institución de un 38%. Durante el ejercicio pasado los cordobeses presentaron ante el Defensor del Pueblo 823 quejas, mientras que el año anterior la cifra se quedó en las 597.

Si se dividen las reclamaciones en grandes grupos, se observa que son las políticas sociales, un año más, los que centraron la mayoría de las mismas. Hasta un 67% de esas más de 800 demandas se dirigieron en este sentido; la mitad de ellas están relacionadas con temas de empleo. Los servicios sociales en sí ocuparon el 20% de esta parte, un 15% la vivienda, un 9% la educación, un 6% la salud y un 1% la igualdad de género.

823Quejas. Este es el número de reclamaciones enviadas desde Córdoba a este organismo

El resto de grandes áreas hacia las que los cordobeses lanzaron sus quejas ocupan ya un porcentaje mucho menor. En este caso, las políticas territoriales representaron un 16%, la Justicia, un 10%, las administraciones públicas, un 7%, mientras que los servicios de interés general representaron un 4% del total. En el caso de las políticas territoriales, hasta el 40% de las quejas se centraron en temas culturales o sobre tecnologías de la información y la comunicación; un 24% en el medio ambiente; un 19% en urbanismo; un 10% hacia sistemas de transporte; un 5% en obras públicas; y el resto, un 3%, en asuntos de agricultura, ganadería y pesca. Dentro de las administraciones públicas, la atención ciudadana directa se llevó casi la mitad de las reclamaciones (un 48%), un 28% fueron hacia la gestión de temas económicos y un 24% fueron por temas de Hacienda. La administración de justicia se llevó, por otra parte, el 62% de los asuntos relacionados con los tribunales, mientras que un 22% de consultas al Defensor del Pueblo en este área eran sobre prisiones, por 14% de seguridad ciudadana y un 2% sobre extranjería.

El peso que ocupan las reclamaciones de los cordobeses dentro del total de registradas en Andalucía fue de un 9% durante 2016, una proporción similar a la del año anterior. Sevilla, Cádiz y Málaga fueron las provincias que más acudieron al Defensor del Pueblo para presentar alguna reclamación con 3.083, 1.259 y 1.110 quejas, respectivamente. Córdoba ocupa el cuarto lugar ya alejada de la quinta provincia, Granada, con 671, mientras que almería, Huelva y Jaén cierran el listado con 529, 478 y 370 reclamaciones en cada una.

Las entidades más afectadas por las quejas iniciadas en 2016 fueron la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. El Ejecutivo andaluz recibió casi 3.000 reclamaciones durante el año pasado, mientras que fueron más de 2.000 las quejas dirigidas hacia los entes locales. En el caso de Córdoba, los ayuntamientos de la provincia recibieron 95 quejas, 48 de ellas en la capital, con un lugar destacado también para Lucena (nueve) y Cabra (seis), al ser de los municipios con mayor población.

La Diputación fue, por su parte, una de las instituciones provinciales andaluzas que menos demandas contabilizó, tan solo una del total de 72 registradas en Andalucía. Destacan en este caso diputaciones como la de Sevilla, con 29 quejas, o la de Cádiz, con 22. La Universidad de Córdoba, por su parte, tampoco acaparó un número de quejas muy destacado, según este informe, ya que tan sólo fue una de las casi 30 recibidas por las instituciones académicas andaluzas.

Respecto al análisis que hace el Defensor del Pueblo de estos datos y de por qué determinadas materias ocupan un lugar destacado dentro del informe, se expone que la crisis continúa arrastrando, como hace desde 2008, las mayores demandas de los ciudadanos. Y aunque desde la institución señalaron esa recuperación económica que pregonan muchos sectores, sí dejaron claro que "entre nuestras encomiendas se encuentra la supervisión de los derechos sociales que durante estos años han podido retroceder y, sobre todo, en las consecuencias que estos recortes han traído para los ciudadanos de a pie".

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