El fraude a la Seguridad Social en Córdoba llega a los 19 millones de euros. Este tipo de engaño sólo supone una parte de la economía sumergida en la provincia, ya que a dicha cantidad hay que sumar la evasión de impuestos, que afecta a las cuentas de la Agencia Tributaria. Se trata de una cifra discreta si se compara con el resto de Andalucía, donde Sevilla lidera el ranking con 55 millones defraudados. La provincia sevillana sólo es superada por Barcelona y la comunidad uniprovincial de Madrid, con 136 y 131 millones, respectivamente. El volumen de las sanciones impuestas por los inspectores de Trabajo rebasa los 3,7 millones de euros anuales. La crisis del último lustro ha provocado que más de la cuarta parte del dinero que se mueve en la provincia se escape del control del Fisco. Sirva como ejemplo un dato, en un año la Inspección constató la existencia de 1.260 empleos sin cotizar, lo que lleva a pensar que son muchos más los que desempeñan una labor en tales condiciones.

Peluquerías clandestinas, talleres mecánicos que trabajan sin licencia o establecimientos hoteleros al margen de la ley. Los años de penuria económica han relanzado la economía sumergida, es decir, aquellas actividades que no se declaran y no constan en la Seguridad Social. Para controlar este fraude, el Gobierno cuenta con dos vías de inspección: la de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, y la de Trabajo. Este último Ministerio elabora anualmente un informe en el que se detalla que en 2015 (último año del que se tienen datos más actualizados) se llevaron a cabo en la provincia de Córdoba 15.226 actuaciones para perseguir las actividades fraudulentas. Se trata del segundo dato de actividad más importante de la Inspección de Trabajo en Andalucía, tras el de Málaga, donde se realizaron 44.508 inspecciones en ese ejercicio. Madrid (89.947) y Barcelona (74.711) copan la lista de provincias donde el trabajo de estos funcionarios alcanzó el mayor volumen.

La Inspección de Trabajo levantó 899 actas durante 2015 por irregularidades

Esta labor conllevó que se levantaran 899 actas en la provincia cordobesa. De ellas, 101 competían a las relaciones laborales, 96 a la seguridad y salud laboral, siete a empleo y extranjería, 25 a obstrucción y el grupo más numeroso pertenece a las irregularidades con la Seguridad Social, que se elevaron a 670. El valor económico de las sanciones interpuestas al descubrirse tales fraudes fue de 3,7 millones de euros.

Las inspecciones desarrolladas por estos profesionales permitieron detectar que dichas actividades en la provincia suponían un fraude de 19.646.989,69 euros a la Seguridad Social. Córdoba se encuentra en la zona media de la tabla de la comunidad autónoma andaluza, donde Sevilla lidera el listado con 55 millones defraudados, seguida de Málaga, donde el dinero que escapó del control del Ministerio de Trabajo rozó los 45,5 millones de euros. La provincia andaluza con el fraude económico más bajo fue Huelva, con 9,8 millones.

El volumen defraudado en Córdoba se ha incrementado de manera significativa durante la crisis. En 2007, el último año de crecimiento antes de la recesión, la cantidad evadida era de 3,7 millones, lo que quiere decir que la cantidad se ha quintuplicado desde ese año. Y no se puede decir que sea porque entonces no había inspecciones por el buen clima económico, ya que en ese ejercicio se realizaron 10.250 actuaciones, frente a las 15.600 de 2015. El crecimiento además ha sido progresivo, pues entre 2010 y 2015 la cantidad se ha incrementado también un 46%, al pasar de los 13 a los 19 millones de euros. Este crecimiento refleja que dichas actividades irregulares lejos de menguar siguen en auge y evidencia, por tanto, las dos caras de una misma realidad: por un lado, que la tan pregonada salida de la crisis está lejos de llegar a muchos hogares cordobeses, cuyos integrantes se ven obligados a aceptar trabajos que no cotizan para llevar un dinero a casa, y, por otro, que la economía sumergida se ha convertido en una vía consolidada a la que recurren empresas y autónomos para evadir impuestos. De hecho, en 2015 se detectaron en la provincia 1.260 empleados que no estaban dados de alta en la Seguridad Social. La cifra más alta de Andalucía en este concepto es Málaga, con 2.849.

En cuanto a las infracciones por la falta de permisos de trabajo para los extranjeros, la Inspección detectó una decena de casos. Este tipo de fraude ha provocado que la Seguridad Social dejara de ingresar algo más de 60.000 euros en un año. Otro dato a destacar concierne a las infracciones por desempleo. Las actuaciones de la Inspección han puesto al descubierto que 119 empresas habían ocultado total o parcialmente sus pagos de diferentes formas. Bien a través de contratos fraudulentos, irregulares o con una plantilla integrada por empleados que no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Dentro de estas inspecciones, cabe señalar los 147 empleados que estaban trabajando por cuenta propia o ajena y al tiempo percibían una prestación por desempleo.

Recientemente la ministra de Empleo, Fátima Báñez, recordaba que desde que en 2012 se puso en marcha el plan de lucha contra este tipo de fraude han aflorado en España 420.000 empleos irregulares, se han detectado 6.000 empresas ficticias y se han convertido en indefinidos más de 253.000 contratos indebidamente temporales. Estas cifras hacen pensar que el hecho de que los datos del último informe constaten un crecimiento en la economía sumergida se debe a que se han intensificado las inspecciones para perseguir los engaños. Aunque en Córdoba siempre se ha apuntado a la joyería como uno de los sectores con más episodios de economía sumergida, lo cierto es que si se analiza el empleo hay otros sectores como la agricultura o la ganadería, además del turismo, que son claves para entender el fraude en el terreno laboral. Se trata de puestos de trabajo eventuales, sin permanencia, donde hay mayor facilidad para realizar una actividad sin declarar. Además, una de las principales bolsas de fraude existentes en la economía andaluza está relacionada directamente con las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias.

Hay otros sectores que también son proclives a la economía sumergida. En estos años uno de los ámbitos donde más ha aflorado la economía sumergida ha sido el hotelero. En una ciudad como Córdoba, donde el sector -que ha logrado sobrevivir a las embestidas de la crisis- se ha convertido en pilar fundamental del desarrollo económico local, muchos ciudadanos han visto en el hospedaje una oportunidad de negocio, lo que ha multiplicado el fraude. La patronal ha apuntado incluso que el 50% de las plazas que se ofertan en Córdoba se escapan al control del Fisco.

La Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles (Atradeco) también ha apuntado recientemente que el 25% de los locales de la provincia trabajan sin declarar un euro a la Seguridad Social y, en algunas zonas, llega hasta el 40%.