Si usted tiene arrendada una vivienda a alguien que no le paga e inicia los pertinentes trámites para desahuciarlo, sepa que al menos no lo conseguirá en aproximadamente un año, como mínimo. La firma Pluslegal Abogados -experta en la materia- ha elaborado un informe a nivel nacional en el que destaca que en Córdoba son 347 los días de media que tarda un propietario de una vivienda de alquiler en desahuciar a un inquilino que no hace frente a los pagos. El análisis ofrece los días que transcurren desde que el inquilino deja de abonar la renta hasta que finaliza el proceso judicial con sentencia que hace efectivo el desalojo del inmueble.

El estudio detalla que Córdoba es la segunda provincia española -tras la de Murcia- en la que más tarde se inicia la acción. Es decir, el periodo de tiempo que tarda un propietario en ponerse en contacto con un primer abogado, reunirse con al menos dos o tres despachos distintos para comparar presupuestos y decidir contratar al letrado especialista en arrendamientos urbanos y desahucios. En el caso de Murcia son 137 días ese periodo transcurrido, por 130 en el de Córdoba, mientras que la media nacional está en 120 días.

Tras contratar al abogado, es necesario que éste revise el contrato de arrendamiento, desarrolle acciones extrajudiciales para intentar que el inquilino pague y/o abandone la vivienda -lo que se hace a través de llamadas, cartas y burofax-, solicite y recopile la documentación necesaria para preparar la demanda de desahucio y que el propietario otorgue un poder hacia el procurador. En todo ello en Córdoba se invierte una media de 30 días, los mismos días de la media nacional. Sólo Murcia (33), La Coruña (32), Álava (32), Alicante (31) y Zaragoza (31) invierten más días que Córdoba. Finalmente está lo que el informe denomina proceso judicial. O lo que es lo mismo, el plazo entre la interposición de la demanda y el efectivo desalojo del inmueble. "Una vez interpuesta la demanda de desahucio, ésta debe ser asignada a un juzgado determinado. El juzgado emitirá un decreto de admisión a trámite de la demanda y se lo remitirá al inquilino para que conozca su contenido. La documentación se remite al domicilio del inquilino, si éste tras varios intentos no la recoge, el decreto será publicado en el tablón de anuncios del juzgado. Sólo se celebrará la vista si el inquilino se opone a la demanda y si no se opone directamente se producirá el alzamiento. También se producirá el alzamiento en el caso que exista la vista y el juez emita una sentencia favorable al propietario", detalla el documento. En todo este proceso en Córdoba se van 194 días, cifra que queda por detrás de los 226 de Barcelona, los 221 de Sevilla, los 221 de Málaga, los 211 de Madrid, los 199 de Alicante y los también 199 de Valencia. El informe revela que la media nacional queda en este apartado en 197 días.

La suma de esos tiempos parciales supone que Córdoba sea la cuarta provincia de España en la que un propietario tarda más tiempo en conseguir el desahucio de un inquilino -354 días-. El top 12 de esta demora lo encabeza Sevilla con 367 días, seguida de Murcia (365) y Málaga (359). Mientras que por detrás de Córdoba quedan Barcelona (352), Madrid (347) -el mismo número de días que la media nacional-, Alicante (342), Valencia (341), La Coruña (338), Vizcaya (322), Zaragoza (320) y Álava (317).

Estos datos constatan que la crisis sigue siendo una realidad muy difícil de olvidar. Puede que la situación no sea tan grave como hace dos años, que se vea la luz al final del túnel y que todos los indicadores macroeconómicos sean más positivos que negativos. Pero hay un rosario de datos, publicados por las más diversas fuentes estadísticas, que demuestran que la recesión todavía no ha pasado para todos. El paro lo recuerda todos los meses, ya que al margen de subidas o caídas coyunturales, las colas del desempleo siguen siendo inasumibles para el mercado laboral. También lo hacen los desahucios, que siguen afectando a centenares de familias a pesar de los códigos de buenas prácticas y las diferentes instituciones de mediación que intentan evitarlo.

Entre ese rosario de datos figuran los registrados en un informe sobre la morosidad en arrendamientos urbanos en España -el último hasta la fecha- dado a conocer a finales de 2016 y que fue realizado por el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM). Esos datos hablaban de que solo de 2014 a 2015 los impagos en alquileres se habían disparado en Córdoba un 8,4%. La cuantía media que debían los inquilinos que no podían hacer frente a los pagos y que acababan siendo reportados en este fichero era de 4.915,5 euros -la media andaluza era 5.913 euros-, una cifra que quedaba por detrás de la Málaga -con una morosidad media del 7.442 euros y un crecimiento anual del 10,12%-, Sevilla -6.762 euros y un alza anual del 11,10%- Almería -6.722 euros y un crecimiento anual del 9,11%- y Granada -6.154 euros y un alza anual del 9,7%-. Por detrás de Córdoba en morosidad media quedaban entonces sólo Jaén y Huelva. El aumento en ese último ejercicio fue muy significativo, sobre todo porque no supuso una desaceleración respecto al año anterior, cuando la morosidad en los alquileres también creció. Lo más chocante, aunque en realidad no puede decirse que se trate de una sorpresa, es la evolución que han registrados los impagos al alquiler en los últimos ejercicios. Desde el año 2007, las inscripciones de inquilinos morosos en el fichero se triplicaron, una evidencia más de cómo ha afectado a los ciudadanos de a pie -tanto arrendadores como arrendatarios- la crisis económica.