Una comisión formada por representantes del Ayuntamiento, de la Mesa de Economía Social y de la Universidad velará por que se incluyan las cláusulas sociales, medioambientales y de género en la contratación pública municipal, según acordó en su día el Consistorio en el Pacto por la Economía Social y Solidaria. Así se acordó ayer en la junta de gobierno local, de manera que la comisión tendrá que hacer un seguimiento a los pliegos de condiciones elaborados en los contratos municipales y comprobar que se están incluyendo esas medidas.

Este grupo de trabajo, de hecho, tendrá que analizar todos los documentos y apoyar el equipo técnico municipal, así como dar cuenta de los casos en los que no se ha cumplido. Estas cláusulas suponen que, además de primar cuestiones sociales y ambientales en las adjudicaciones, se reserven plazas de los puestos de trabajo que se puedan crear a colectivos desfavorecidos. En los contratos en los que no se considere posible la inclusión de estas medidas, "por razones técnicas o de oportunidad", deberá remitirse un escrito justificativo donde se indiquen los motivos. Esta comisión se reunirá al menos una vez cada dos meses de manera ordinaria para evaluar el pacto por la economía social y tratar temas específicos de sus funciones.

El Consistorio envía al Consejo Consultivo la resolución del contrato del centro de ferias

La junta de gobierno local también aprobó ayer el inicio del expediente de reversión para recuperar una parcela situada en la calle María la Judía, donde el Gobierno central tenía pensado construir el Archivo Histórico. El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, y la teniente de alcalde de Participación, Alba Doblas, explicaron que el suelo se cedió para este proyecto pero, una vez que han pasado cinco años sin que se hayan iniciado las obras, se procede a la reversión de la parcela. En materia de patrimonio y también ligado con el Gobierno central, la junta de gobierno local tomó conocimiento del abono de unos dos millones de euros derivados de un convenio firmado en su momento entre las dos administraciones para la cesión de vías al Ayuntamiento. En virtud a ese acuerdo se recepcionaron zonas como la plaza de Andalucía o la antigua N-IV.

Por otra parte, y como ya adelantó este periódico, el Ayuntamiento ha enviado al Consejo Consultivo de Andalucía todo el expediente derivado de la resolución del contrato del Centro de Exposiciones Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero, lo que supone que será el órgano andaluz el que decida sobre quién tiene razón en un asunto que enfrenta al Consistorio con la empresa constructora, UCOP. El gobierno municipal ha tenido que tomar esta determinación después de que la firma haya presentado alegaciones a la propuesta de resolución de contrato presentada por el Ayuntamiento y en la que se fijaba en 2,4 millones de euros las obras aún pendientes.