El PP denunció ayer "discriminación" en la convocatoria del Proyecto Segunda Oportunidad 2017, unas ayudas promovidas por la Diputación de Córdoba destinadas a que empresas privadas contraten a parados mayores de 45 años. El conflicto está en que las empresas radicadas en la capital están excluidas de este anuncio, lo que supone "un agravio", según el viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes.

A su juicio, esto demuestra una "falta de sintonía" entre el Consistorio cordobés y la Diputación y apuntó que a la hora de convocar estas ayudas se debería tener en cuenta la difícil situación que viven algunas barriadas de la capital, que "requieren que se les trate igual" que al resto de municipios de la provincia. Para Fuentes esto demuestra la falta de sinergias, diálogo e iniciativa del Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación.

El presupuesto es de 240.000 euros, que irá para 40 subvenciones de 6.000 euros

Por su parte, el portavoz del PP en la institución provincial, Andrés Lorite, abogó por defender a los parados de la capital y aseveró que "desde ningún punto de vista es comprensible esta discriminación". Por ello, ha presentado un recurso de reposición con el objetivo de que se anule esta convocatoria, que "contraviene lo establecido en la ley de subvenciones".

El presupuesto máximo disponible para la concesión de las subvenciones asciende a 240.000 euros, concediendo 6.000 euros por beneficiario por contratar a personas mayores de 45 años "con el objeto de obtener nuevas competencias profesionales mediante el desempeño de un oficio o profesión" y cuya duración como mínimo podrá ser de seis meses a tiempo completo o de 12 meses a media jornada, tal y como establecen las bases reguladoras. De esta forma, las ayudas podrán llegar a 40 empresas.

Lorite recordó que las diputaciones deben atender de forma especial a los municipios de menos de 20.000 habitantes pero en relación a las ayudas municipales, esto es, al ámbito público. Al estar esta convocatoria destinada a empresas privadas, el acuerdo "no es justo".

En su recurso de reposición, el PP indica que la "discriminación" de las empresas con sede social en la capital no tiene "fundamento ni motivación alguna" y "confronta de lleno con respecto a las técnicas legislativas reductoras de la discrecionalidad" como son "las establecidas por el reglamento estatal del procedimiento para la concesión de subvenciones públicas".

Por último, el portavoz del PP en la Diputación recordó que en 2015 el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, anunció la creación de una Delegación de Empleo que en estos dos años no ha dado fruto. De hecho, Lorite señaló que ese año se ejecutaron cero euros, al igual que en 2016. "A 31 de diciembre de 2016 la delegación no se había estrenado", puntualizó. A esto añadió que en lo que va de año, se ha ejecutado un 5% de los 1,9 millones con los que cuenta, es decir, unos 99.000 euros.