PP, IU y Podemos insisten en que la Junta vete las ayudas a Guadalquivir Futuro

  • Torrico se muestra sorprendido porque ningún dirigente señalado haya tomado medidas

Cristina Menacho y su madre Ángeles Muñoz, en los juzgados. Cristina Menacho y su madre Ángeles Muñoz, en los juzgados.

Cristina Menacho y su madre Ángeles Muñoz, en los juzgados. / el día

Las reacciones políticas a la sentencia adelantada por el Día que condena a la Fundación Guadalquivir Futuro a devolver el dinero de las mordidas a tres trabajadores no se han hecho esperar. Tanto PP, como Podemos e IU ha exigido más diligencia a la Junta de Andalucía, después de que se haya conocido la primera sentencia judicial que avala las prácticas de la fundación y confirma que se quedaba con parte del dinero público recibido para la contratación de parados. Los tres partidos han realizado sus valoraciones aunque han coincidido en una cuestión: que la Junta de Andalucía no permita que esta asociación ni ninguna afín siga optando a subvenciones públicas.

El parlamentario del PP Miguel Ángel Torrico aseguró a este periódico que la Administración autonómica "debe defender el interés de todos los andaluces", por lo que exigió que se persone en los otros procedimientos abiertos y que además "se asegure de que no optan a ninguna ayuda más". Torrico explicó que ya no se trata de un colectivo que está "bajo sospecha", sino que hay una "sentencia firme que indica que se han producido esas donaciones", por lo que indicó que "no puede concurrir a ninguna ayuda más". El parlamentario del PP recordó que su grupo ha llevado peticiones tanto a la Diputación como al Ayuntamiento para que tampoco puedan a concurrir a procesos de esas dos administraciones.

En el apartado político, Torrico recordó que este asunto -que tiene también un proceso abierto por la vía penal"- ha señalado "algunos dirigentes socialistas muy relevantes y me sorprende que aún no hayan tomado medidas". Se refiere, aunque no los nombró, al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, y a la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, quienes aparecen en parte de las declaraciones de los testigos que se han llamado a declarar en el procedimiento penal.

Desde Podemos, el parlamentario por Córdoba David Moscoso aseguró ayer que la sentencia del juez "confirma" lo que ya habían apuntado las inspecciones de Trabajo y se ha acreditado "lo que nosotros habíamos denunciado, que se estaba cometiendo una ilegalidad". "Nosotros nos planteamos algo más allá y es saber adonde iba a parar ese dinero", ya que Podemos está personado en la causa penal. Moscoso insistió en que su formación ha pedido en varias ocasiones al consejero de Empleo, Javier Carnero, que "se niegue todo tipo de ayudas" a este colectivo y aseguró que estará vigilante para que se cumpla la sanción y se devuelva todo el dinero recibido.

Por último, la parlamentaria de IU por Córdoba, Elena Cortés, exigió a la Junta que dé a conocer si "el expediente de reintegro se está llevando a cabo; por otro, preguntar por el informe solicitado a los servicios jurídicos de la Consejería por si sería necesario emprender alguna otra actuación que no se haya hecho y, por último, pedir información sobre el criterio de graduación de sanciones que la Junta de Andalucía ha seguido en este caso".

"Si el gobierno socialista permite que sigan presentándose a convocatorias de subvenciones y recibiendo dinero público con este modus operandi, avalando que puedan seguir gestionándolo, será cómplice de que hechos como estos vuelvan a ocurrir", dijo Cortés, como ya apuntó en la comparecencia en el Parlamento a primeros de marzo.

El magistrado de los Social número 3 ha condenado a la fundación a pagar 5.755 euros a los tres trabajadores y sitúa a Menacho como el cerebro del entramado, como deja constancia en su fallo. El juez argumenta que Menacho "de manera intencionada, insidiosa, aprovechando su situación de superioridad y la debilidad que conllevaba para los trabajadores el peligro de no obtener el puesto de trabajo, maquina un sistema que obliga al trabajador a aceptar a donar un 25% de su salario a cambio de trabajar un 25% menos". "Los trabajadores, tras ser seleccionados por la oficina de empleo, acudían a una entrevista "y en ese momento se les informaba a la mayoría de ellos que, aunque en el contrato de trabajo se indicaba una jornada de 40 horas semanales, en realidad iban a trabajar 30 horas, cobrando el importe de las horas realmente trabajadas", detalla el juez.

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