La compañía MGR Grupo Informático, la más importante del sector en Córdoba, consiguió ayer la aprobación por mayoría del convenio que presentó ante su junta general de acreedores con lo que, una vez que sea ratificado tras el plazo de alegaciones, se pondrá fin al procedimiento concursal que esta empresa tuvo que abrir en marzo del año 2007 al no poder afrontar sus pagos debido a que otra firma cliente de ella le había dejado a deber casi 30 millones de euros. Fuentes cercanas a los dos únicos accionistas de la entidad precisaron en declaraciones realizadas a El Día que el acuerdo se alcanzó con el respaldo de los acreedores que representan al 55,2% de la deuda total contraída, que ascendía en concreto a 29.761.000 euros, y anunciaron que en el documento se ha incluido una cláusula por la que la que no se podrán distribuir beneficios hasta que no se pague la totalidad de lo debido ni se podrá vender sus bienes o deslocalizar la sede de Córdoba. Asimismo, se acordó dedicar cada año un 20% de los beneficios a incentivos de la plantilla y constituir una comisión entre todas las partes implicadas, que será la encargada de revisar que se cumplen los compromisos.

El convenio plantea dos fórmulas distintas para que se puedan acoger los acreedores y supone una reducción cercana al 50% de la deuda, por lo que ahora la firma cordobesa tendrá que hacer frente al pago de unos 15 millones de euros. La primera de estas dos opciones supone una quita o limitación de la deuda del 50% y el pago del 50% restante en un plazo de cinco años y a través de los ingresos extraordinarios que la empresa espera obtener al recibir al menos una parte -que podría estar en torno a la mitad- de la deuda de 30 millones de euros que mantiene con ella la compañía que dio origen a que MGR entrase en concurso de acreedores. La segunda fórmula, por último, supone una quita menor, del 40%, aunque también un pago más diferido en el tiempo. En concreto, esta vía significa la entrega de tres millones en un plazo de tres años mientras que el resto hasta llegar al restante 60% se abonará a través de créditos participativos, en un periodo de diez años y mediante beneficios corrientes. La firma cuenta además para hacer frente a estos pagos con siete millones que están a la espera de recibir de Hacienda en concepto de IVA.

Gracias a este acuerdo, los propietarios de la compañía recuperarán las facultades de administración que les fueros retiradas cuando entraron en concurso de acreedores, periodo en el que la firma ha estado gestionada por administradores públicos. Las fuentes consultadas señalaron que esperan que todo vuelva a la normalidad y garantizaron que la plantilla -que a día de hoy es de 15 trabajadores- permanecerá tal cual. Así, avanzaron que no se tomará decisión alguna por las manifestaciones públicas realizadas por los trabajadores en los últimos días, ya que su único objetivo ahora es recuperar "la armonía y la normalidad", por lo que se mantendrá "la mejor disposición" hacia todos los empleados.