"La norma se usa de forma torticera, desviada o incorrecta". Es la declaración que hizo ayer uno de los inspectores de Hacienda que compareció en la cuarta sesión del juicio contra Rafael Gómez. Una sesión en la que ocho peritos de Hacienda, entre técnicos y abogados, explicaron dos de los hechos por los que se juzga al empresario -tanto por el impago de impuestos de sus empresas como del IRPF- y que, además, realizaron el informe final de la Agencia Tributaria. Este mismo inspector reconoció que tras su informe "no sabía qué consecuencias -penales- iba a tener" y señaló que tras revisar los informes se concluye que "el régimen -por norma- se usa de forma torticera y falaz por parte del grupo". El régimen, incidió, "no estaba correctamente aplicado y se ocultan operaciones". En la misma sesión, los peritos también pusieron de manifiesto -a preguntas del fiscal-, el "uso incorrecto de la normativa" del impuesto de sociedades. Otro de los puntos a los que aludieron fue la presencia también de "errores no intencionados, tanto a favor como en contra" en los informes de las empresas.

De los ocho peritos que acudieron a la sesión, cinco de ellos reconocieron la gran cantidad de operaciones que las empresas del que fuera líder de UCOR realizaban entre sí y reconocieron que "no dábamos abasto". Otro de los puntos en los que coincidieron fue que en estas operaciones vinculadas entre las empresas del grupo "no era todo ilegal" y señalaron que había operaciones "de conducta defraudatoria". También señalaron que "nos parecía evidente que las decisiones las tomaba Rafael Gómez" y que tanto él como sus hijos "recibían las nóminas". Los peritos también subrayaron que algunas de las empresas "no cumplían las condiciones reales para tributar en el régimen de sociedades patrimoniales". El objetivo de esta actuación era el de "obtener un beneficio fiscal". Todos ellos coincidieron en asegurar que "hay gran confusión" en las operaciones entre las sociedades de Gómez.

Los peritos reconocen que "hay gran confusión" en las operaciones entre las sociedades

La visión de éstos contrasta con la aportada por los peritos de la defensa, que indicaron que "no hubo ocultación ni falseamiento" en las operaciones y aseguraron que "es normal que se realicen operaciones vinculadas entre las empresas".

Y todo esto en una sesión en la que el empresario vio cómo se reduce su pena en cuatro años, al pasar a 40, en lugar de los 44 años de cárcel solicitados. La acusación retiró un delito en la causa contra Gómez, con lo que ahora se le juzga por diez y no por 11 delitos por supuestamente defraudar 70 millones de euros con el presunto impago de impuestos a través de cuatro empresas. El hecho de retirar este delito se debe, según el fiscal, a "una transcripción errónea". Con ello, no solo Gómez ve reducido el número de delitos de los que se le acusa, sino también sus hijos, que en lugar de ocho pasan a siete. De la misma forma, las penas también se ven reducidas: para Gómez se piden ahora 40 años de cárcel y 19,3 años para sus hijos.

Los delitos supuestamente fueron cometidos entre 2003 y 2006 a través de las empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y del IRPF. Además, el Ministerio Público pide en su calificación una multa para Gómez, que podría llegar a 350 millones de euros.