El fiscal de la Sección de Defensa de los Consumidores de Córdoba, Fernando Santos, informó ayer de la existencia de un fondo de dinero con más de tres millones de euros en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Córdoba a disposición de los clientes de Gas Natural Andalucía S. A. de toda la región andaluza, beneficiarios de la sentencia condenatoria a dicha entidad que aún no han cobrado las cantidades que les son debidas. El total de beneficiarios supera los 104.000. Los interesados pueden dirigirse directamente al juzgado para reclamar las cantidades debidas.

La Fiscalía detalla que la sentencia afecta a contrataciones realizadas con anterioridad a 2005 e indica que el importe global de la cantidad ilegalmente cobrada y que debía ser devuelta a los usuarios ascendió a 10.671.823,88 euros, de los que se han abonado hasta la fecha una cifra cercana a los ocho millones de euros. El caso comenzó en mayo del año 2003, cuando se interpuso por el Ministerio Público una demanda contra la citada compañía.

De este modo, se solicitaba que se declarase la nulidad y la eliminación de los contratos de suministro de dos cláusulas -una referida a los derechos de alta y otra al uso de instalaciones receptoras comunes- por considerarlas abusivas, al tiempo que la restitución a los usuarios de las cantidades indebidamente cobradas por estos conceptos. En este caso, el Tribunal Supremo ratificó en noviembre de 2007 una sentencia de la Audiencia en la que se declaró irregular el cobro de los derechos de alta entre 1997 y 2004 y de las instalaciones comunes entre 1997 y 2005 a usuarios de toda Andalucía. Por tanto, el fiscal explica que se dan dos situaciones, como son "las de aquellos que figuran en el listado entregado por Gas Natural Andalucía, en cuyo caso la devolución se presenta como más sencilla", y "la de aquellos que no figuran en el listado entregado por Gas Natural Andalucía y pueden acreditar su condición de beneficiarios". En ambos casos dado que, como se ha señalado, "se trata de un procedimiento no regulado legalmente", corresponde al Juzgado de Córdoba "establecer los criterios, requisitos y condiciones para la reclamación en ambos supuestos.