Córdoba

La Fiscalía advierte del incremento de los pisos prostíbulo en la capital

  • El Ministerio Público destaca el "importante aumento" del 50% de los procedimientos incoados por proxenetismo

Fachada principal de la Audiencia Provincial.

Fachada principal de la Audiencia Provincial. / el día

La Fiscalía Provincial de Córdoba advierte del "importante aumento" de procedimientos incoados en 2016 por delitos de prostitución coactiva, que cifra en más de un 50% con respecto al año anterior. Este incremento obedece al "considerable aumento" de pisos prostíbulo existentes en la capital. Según se recoge en la memoria del Ministerio Público relativa al año 2016, frente al citado porcentaje han disminuido paralelamente los atestados instruidos por inspecciones policiales realizadas en clubes de alterne, apreciándose en estos últimos sólo infracciones administrativas en materia de extranjería respecto de las personas que ejercen la prostitución en los mismos.

Mientras, respecto a la mujer inmigrante y menores, la Fiscalía destaca que este año se ha dado cuenta por Cruz Roja de la situación de vulnerabilidad por riesgo de sometimiento de trata tan sólo de dos menores, "hijos de posibles víctimas", cuando el año pasado fueron diez. Ha influido en ello la nueva regulación de las situaciones de riesgo y de desamparo, entre otros aspectos, pues "claramente desplaza las competencias en materia de riesgo en las entidades locales".

Además, se apunta que sí se tuteló a tres menores como víctimas de trata, que entraron en España alegando ser mayores, "siendo notoria la minoría de edad de dos de ellas", mientras que la tercera se determinó tras la práctica de pruebas de determinación de edad. El único caso que estaba pendiente de resolver en el año 2016 era el de tres menores de Camerún. En concreto, ante el cese de la tutela acordada por el Servicio de Protección, se formuló escrito inicial de oposición a dicha resolución en el año 2015 y posterior demanda en febrero de 2016, que fue estimada por el Juzgado, por lo que la entidad pública sigue ostentando la tutela de las tres menores, pero "sigue sin activar" el convenio de La Haya, relativo a la competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, que "sería aplicable". Así, las tres menores identificadas como víctimas de trata ingresaron en centros de protección ordinarios.

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