Dos de los cuatro integrantes de piquetes que fueron detenidos el pasado miércoles en la capital durante la jornada de huelga general se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo día 14 acusados de delitos de coacciones, atentado a agentes de la autoridad y faltas de lesiones, un conjunto de infracciones por los que la Fiscalía Provincial de Córdoba solicita un año y tres mes de prisión para cada uno además de diferentes multas. Según relata el Ministerio Público en su informe provisional de acusación, los dos encartados -cuya identidad responde a las iniciales J. B. H. y P. C. M.- formaban parte de un piquete compuesto por aproximadamente 200 personas que desde primera hora de la mañana "ocupaban" la puerta principal de El Corte Inglés, en la avenida Ronda de los Tejares.

La Fiscalía relata que, en el momento de la apertura de los grandes almacenes, los manifestantes "obstaculizaron" supuestamente la entrada a las personas que "libremente querían acceder a su interior", a quienes la acusación pública asegura que profirieron insultos e, incluso, "propinaron empujones". Por este motivo, agentes del Cuerpo Nacional de Policía formaron un cordón para facilitar la entrada de los clientes, "lo que provocó una respuesta violenta de los manifestantes". Según el fiscal, los huelguistas "empujaron e increparon" a los agentes y lanzaron huevos contra la fachada de los grandes almacenes.

En este contexto, dos agentes se dirigieron a P. C. M. para identificarlo, pero éste, "lejos de atender el requerimiento, inició un forcejeo con los uniformados y propinó una fuerte patada en la pierna izquierda" a uno de los policías. El altercado subió de intensidad y, según el relato acusatorio, J. B. H., que se ocultaba el rostro con un pasamontañas y portaba una defensa en la mano, se dirigió hacia los policías, que al tratar de arrebatarle la porra recibieron supuestamente "golpes, patadas y empujones" hasta que consiguieron finalmente reducirlo.

El fiscal detalla que P. C. M. ocasionó una contractura muscular paravertebral y una lesión en un dedo a uno de los agentes, un conjunto de lesiones que lo mantendrán alejado de sus ocupaciones diarias durante 14 días. A otro agente, le causó una erosión superficial y un hematoma en la pierna izquierda. Su tiempo de recuperación será de 12 días. El otro encartado, supuestamente, también hirió a dos policías: a uno le causó problemas en un bíceps y en la muñeca izquierda y a otro erosiones en la región lumbar, el antebrazo y la muñeca izquierda. Por estas lesiones, los procesados tendrán que responder de cuatro faltas, por las que el fiscal solicita en conjunto una multa total de 1.200 euros. A esta petición de condena se suma un año y tres meses de cárcel por el atentado y otra multa de 9.000 euros por impedir que los clientes entraran a la tienda.

El altercado en El Corte Inglés se produjo horas antes de que la manifestación convocada por los sindicatos recorriera el centro y el parlamentario andaluz de IU José Manuel Mariscal fue testigo de los hechos, hasta el punto de que llegó a mostrar su carné de aforado a los agentes. La detención de los manifestantes motivó, incluso, una concentración a las puertas de la Audiencia Provincial el día 30 por la mañana debido a que uno de los encartados pasó la noche en el calabozo. El incidente ha generado multitud de reacciones, entre ellas las del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que defendió la labor de los agentes y condenó la actidud de los huelguistas.

El edil del PP Federico Cabello de Alba acusó ayer a los responsables de la Policía Local de haber "bordeado el Código Penal", la comisión de un delito, con la actuación del cuerpo municipal de seguridad durante la pasada huelga general. Según Cabello de Alba, las indicaciones efectuadas por el responsable político, José Joaquín Cuadra, llevaron a que los agentes municipales presentes en zonas con piquetes no interviniesen ni siquiera cuando se estaban producido "agresiones", como en el caso del bloqueo al principal mercado de abastos de la ciudad, Mercacórdoba.

Según el edil del PP, la actuación de las patrullas de la Policía Local, dadas las instrucciones que tenían, "tuvo efecto de piquete puesto que en vez de intervenir para garantizar el derecho al trabajo lo que hicieron fue cortar el tráfico y desviar los vehículos" que entraban hasta las instalaciones municipales. Cabello de Alba informó de que el sindicato CSI-F, minoritario en el cuerpo local, registró ayer un escrito en el Consistorio reclamando la dimisión del edil José Joaquín Cuadra y del jefe de la Policía Local, Rafael Foche.

"En el Ayuntamiento se produjo una situación de vergüenza", dijo Cabello de Alba, en referencia a la inactividad de los agentes presentes, que esperaron a que llegaran las patrullas de la Policía Nacional para abrir un pasillo de seguridad que permitiese a los funcionarios que querían trabajar sortear el piquete informativo. "Es un error y es falso que la Policía Local no tenga competencias para actuar en esos casos", dijo el edil de la oposición. El concejal popular llegó a asegurar que la Policía Local incumplió las determinaciones de coordinación que se establecieron en la Junta Local de Seguridad a pesar de que se mantuvo a un funcionario municipal en la sala del 091, del Cuerpo Nacional de Policía, durante toda la jornada.

Por su parte, el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, José Joaquín Cuadra, respondió a las palabra de Cabello de Alba volviendo a negar de forma contundente "cualquier utilización política" de la labor de la Policía Local durante la jornada de huelga general. Incluso, insistió en que "quien acuse al gobierno municipal de una politización o instrumentalización de los agentes ese día, debe demostrarlo e irse inmediatamente al juzgado".

Cuadra lamentó "que se quiera desacreditar la labor de los agentes municipales durante el 29-S", ya que, según su opinión, siguieron debidamente la orden del servicio de los mandos para cumplir con su labor "y garantizar la seguridad de la ciudadanía a lo largo de todo ese día". Además, solicitó al edil popular a que "no enrede sobre las competencias ni el ámbito de actuación de la Policía Local".