Los cuatro magistrados titulares de lo Social de Córdoba y los tres letrados de Administración de Justicia de esta orden -antiguos secretarios- han denunciado esta mañana el "abandono de la Justicia social" en Córdoba por parte de las instituciones. "La crisis económica iniciada en el año 2008 ha conllevado un aumento inasumible de la carga de trabajo, sin que tal realidad haya conllevado en diez años ninguna medida eficaz para atender este aumento", denuncian los jueces en un escrito difundido esta mañana y que el titular de lo Social 3, Antonio Rodríguez, considera una "llamada de auxilio", según ha explicado a el Día.

El escrito, una profusa explicación sobre la situación de la Justicia social, ha sido remitido al juez decano, el presidente de la Audiencia Provincial y el secretario coordinador. "Frente a otras jurisdicciones y provincias, la única solución adoptada ha sido la de exigir el sobreesfuerzo profesional de magistrados, letrados y funcionarios, con un coste personal y de recursos humanos que nadie se ha preocupado de valorar a estas alturas", denuncian.

Entre los datos aportados, en los últimos diez años se han recibido en los cuatro juzgados de lo Social de Córdoba 53.512 demandas, lo que supone haber asumido 20.000 más de la carga máxima de trabajo de entrada fijada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estos datos, además, serían el trabajo de más de seis juzgados de lo Social. O, de otra forma: las cuatro unidades han tramitado en diez años el trabajo correspondiente a 15.

Los magistrados denuncian, además, que para paliar esta situación "la única medida adoptada fue la de nombrar una juez de adscripción territorial en mayo de 2015 con el fin de reforzar el trabajo de los juzgados". Sin embargo, y frente a lo resuelto en otras provincias andaluzas para una situación similar, "en Córdoba no se ha creado ningún juzgado bis, con su correspondiente dotación de letrado". Además, según los titulares, "especial gravedad" está conllevando la falta de cobertura de una baja por riesgo de embarazo y posterior maternidad de una letrada desde mayo de 2017.