Ya se conoce la valoración del Consejo Social de la Ciudad de Córdoba sobre los presupuestos municipales para 2018, una valoración en la que el órgano asesor destaca que echa en falta "una mayor concreción de las inversiones presupuestadas, especialmente las que se van a financiar con fondos Edusi, de las que figura tan sólo el importe global". El informe del órgano asesor es requisito fundamental para que se puedan aprobar los presupuestos, ya como proyecto, algo que ocurrirá hoy en una junta de gobierno local extraordinaria. El siguiente paso será que el documento pase por el Pleno el próximo viernes. Esto supondrá que por primera vez las cuentas se aprobarán antes de que finalice el año y se podrán ejecutar desde el mismo 1 de enero del año que viene.

El Consejo Social de la Ciudad comienza sus conclusiones finales reiterando "la consideración realizada en ejercicios anteriores de la importancia de la ejecución presupuestaria y de la inversión pública y que ésta se concrete a proyectos de obras, infraestructuras, servicios, desarrollo de proyectos productivo, incentivos a la creación y desarrollo de empresas y promoción de actividades". Y valora de forma muy positiva que el presupuesto para 2018 acreciente su carácter social.

El presupuesto se aprobará por primera vez antes de que finalice el año

Pese a la parte positiva, el dictamen del Consejo insiste en el apartado de inversiones, en el que dice que los capítulos consignados no ofrecen la apariencia de "inversión nueva" sino de mantenimiento y gastos corrientes, "incluso en la denominación de las mismas bajo términos como son: inversiones de reposición, rehabilitación, reforma y similares". También se insiste desde el Consejo en la necesidad de acometer mejoras en los polígonos industriales de la ciudad. "Del examen de la información presupuestaria no se deducen actuaciones concretas existiendo compromiso municipal de inversión en los mismos. No existe ninguna referencia al proyecto de la obra de conversión en vía urbana de la antigua nacional IV en dirección a Alcolea (tramo glorieta de la Louviére hasta el Campus Universitario de Rabanales)", sentencian desde el órgano asesor.

Respecto a la incidencia en el presupuesto de la posible disminución de ingresos por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terreno de Naturaleza Urbana, desde el Consejo Social dejan constancia de que ya habían alertado de las situaciones, "en nuestra opinión no deseables, que se producían como consecuencia de la forma de determinación del tributo y de que en las ordenanzas aprobadas no se deflactaron los tipos como compensación de las continúas subidas en los valores catastrales". El órgano asesor refiere que, como consecuencia de ello, en los últimos cuatro años, se habían producido subidas acumuladas superiores al 36%. "Este impuesto, además, había sido cuestionado por la jurisprudencia, por lo que solicitábamos que se establezcan mecanismos de respuesta ágiles para los contribuyentes que reclamen por los tributos pagados en los ejercicios no prescritos", defienden desde el órgano asesor.

Aún cuando se mantienen los créditos destinados a programas de fomento de empleo (Imdeec), el Consejo destaca que se considera adversa la disminución de los créditos destinados a convocatorias de incentivos, "lo que provoca disminución de apoyo al desarrollo económico-social".

También en las conclusiones, el Consejo Social apunta que entiende las dificultades de gestión, recaudación y servicio del Ayuntamiento proveniente de la necesidad de recursos humanos, "falta derivada de las limitaciones impuestas por la normativa sobre reposición de personal".

Y, por último, el órgano asesor expresa su preocupación por la pérdida de capacidad financiera que se produce por la previsión realizada en los presupuestos municipales en la reducción del ingreso correspondiente a la recaudación del Impuesto sobre Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana y a la prevista disminución de la liquidación de la participación de los tributos del Estado, ambos aspectos reflejados en la Memoria de Alcaldía y en el Informe económico y financiero. "Por ello, se entiende necesaria una distribución más favorable a los municipios de las transferencias del Estado que permitan mantener los servicios municipales eficientemente", sostienen desde el Consejo Social.