Alrededor de 7.000 funcionarios según la Policía Local -más de 10.000 para la organización- participaron ayer por la mañana en la manifestación convocada por los trabajadores de la Junta para reclamar al Gobierno de José Antonio Griñán que derogue el decreto ley sobre la reordenación del sector público, que en la práctica supone hacer fijos a 26.000 personas sin superar ninguna oposición. A la marcha se sumaron trabajadores de todas las provincias andaluzas y supone un punto y seguido a las decenas de actos que los funcionarios han protagonizado en los últimos meses cada vez que algún integrante del Gobierno regional ha visitado Córdoba.

La marcha avanzó tras una pancarta sujetada por funcionarios de todas las provincias andaluzas en la que figuraba el lema "Por la transparencia y los derechos de los ciudadanos. No al despilfarro". "Contra la dictadura del enchufismo. Por la iguladad de todos los ciudadanos" era el escrito de la segunda pancarta. El portavoz de los manifestantes, José María Herrera, anunció que ya han contactado con varios bufetes de abogados para preparar informes con la intención de presentar recursos de inconstitucionalidad contra la norma de la Junta de Andalucía. Herrera también avanzó que recurrirán los estatutos de las seis agencias públicas empresariales creadas por el Gobierno de Griñán, a quien reclamó "que tenga la dignidad de dimitir" si los tribunales "tumban" su proyecto. Los funcionarios, además, presentarán el jueves un escrito de 18 folios para denunciar a la Junta de Andalucía ante la Unión Europea por el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE), pues incluían fondos europeos.

La manifestación comenzó junto al cementerio de La Salud y terminó en el Bulevar, donde los funcionarios leyeron un manifiesto. Los trabajadores criticaron que la Junta llame reordenación "al intento de perpetuar en la Administración a un sinfín de cargos políticos socialistas, sindicales y allegados con absoluta violación del principio de igualdad" y al "intento de eliminar progresivamente a los funcionarios de carrera al enchufar a 26.000 externos de sus deficitarias sociedades mercantiles y fundaciones". También recordaron que las seis agencias públicas empresariales que el Gobierno andaluz pretende crear "son de la misma naturaleza que el Instituto de Fomento de Andalucía, artífice del fraude de los ERE que ha supuesto el desvío de 680 millones de euros".

Herrera también criticó que se llame "reordenación" a "primar el enchufismo, el favoritismo y el nepotismo", al tiempo que "se pretende la eliminación de las ofertas públicas de empleo". Esto supone, según este grupo de funcionarios, "mostrar el más absoluto desprecio por un colectivo, los opositores, que pierden valiosos años de sus vidas entre cuatro paredes intentando labrarse un futuro".

En el acto participaron los sindicatos CSIF, USO, Ustea y Safja, aunque no CCOO ni UGT, que en su momento firmaron a favor del citado decreto sobre reordenación del sector público, causante de todo el malestar. A la manifestación también se sumaron cargos del Partido Popular en Córdoba y del Partido Andalucista. El secretario provincial del PP, José Antonio Nieto, consideró "justa" la reivindicación multitudinaria, y recordó la promesa de su presidente regional, Javier Arenas, de derogar el decreto si los populares ganan las próximas elecciones andaluzas. "Los funcionarios no están hoy pidiendo más salario ni mejores condiciones laborales, sino respeto", dijo Nieto, quien defendió que su partido apuesta por un modelo público "que respeta a los funcionarios, con transparencia e igualdad de trato".

Por su parte, el candidato del PA a la Alcaldía de Córdoba, José Bollero, criticó que "el decretazo de Griñán es un atentado a los trabajadores". "La llegada a la función pública tiene que ser por oposición, no a dedo", dijo el aspirante, quien dijo que "los funcionarios de carrera tienden a desaparecer" con la reorganización puesta en marcha por el PSOE. "Exigimos su derogación inmediata e introducir una reforma acorde a los nuevos tiempos", propuso.

La presidenta andaluza de la sección de administración autonómica del CSIF, Alicia Martos, lamentó que la Junta aún no haya dado marcha atrás en sus planteamientos, por lo que avanzó que su sindicato interpondrá recursos contra todos los estatutos de las nuevas agencias públicas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), además, ya ha recibido otras tres denuncias del sindicato sobre las que aún no se ha pronunciado. Martos lamentó que CCOO y UGT firmaran a favor del decreto ley, lo que "supone que ha participado activamente en la propia norma".

Los funcionarios, vestidos con camisetas color naranja, corearon durante el recorrido numerosas proclamas como "Me quiero jubilar con un ERE de Griñán" o "Esto sí que es una dictadura". También pasearon caricaturas del presidente andaluz, cruces negras, ataúdes como símbolo de la muerte de la función pública o pancartas como todo tipo de lemas. "Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo y por los mismos motivos", rezaba en una. También fueron habituales las menciones al "enchufismo" y a la contratación "a dedo", todo ello entre un enjambre ensordecedor de silbatos y sirenas.