El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó ayer de instruir la causa en la que investigaba las desapariciones durante la Guerra Civil porque ya no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos no han prescrito. En un auto de 152 folios, el magistrado se inhibió en favor de los juzgados en los que se encuentran las fosas cuya apertura autorizó en octubre, y entre los que se encuentran los juzgados de instrucción de Córdoba.

Garzón ratifica "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales". Por ello, sugirió la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 y propuso crear una comisión de expertos para "restablecer la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos" durante la dictadura, y "permitir que las familias identifiquen" a sus víctimas. Para reforzar la idea de permanencia del delito, destacó "el caso de las víctimas que puedan estar vivas", en referencia a los niños arrebatados a sus padres para ser educados en la "afección al régimen".

El magistrado informó ayer mismo de su decisión tanto a la Sala como al Ministerio de Justicia, al que dio cuenta de los grupos de expertos que ya están recopilando datos. Los juzgados provinciales a los que se remite la causa son, aparte de los de Córdoba, los de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza, a los que se suman los decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.

En su resolución, Garzón advierte al Estado y a la Fiscalía de que "obstaculizar la investigación sería contravenir flagrantemente" el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Lamentó, además, la "palmaria contradicción" entre la postura sostenida tradicionalmente por la Fiscalía "y la defendida en este sumario", y dijo que esa circunstancia "merecería una explicación por quien es el garante de la legalidad".

El juez cifró en 7.091 los desaparecidos durante la Guerra Civil en Córdoba, lo que la convierte en la segunda provincia con más personas en paradero desconocido en España. En Córdoba, está pendiente de exhumación de la fosa de La Salud, donde descansan, al parecer, los restos de Luis Dorado y Antonio Acuña. La semana pasada, la familia del primero denunció por prevaricación a la alcaldesa, Rosa Aguilar, por no colaborar supuestamente en las labores de exhumación.