Analizar el impacto que tiene en las pequeñas y medianas empresas (pymes) la reforma del Código Penal, por la que ahora responden jurídicamente por los delitos cometidos. Ese es el objetivo general del primer congreso nacional que organizado por Aula Jurídica y Fundación Ipredi se celebra hasta hoy en el Parador de la Arruzafa. Durante la presentación, la subsecretaria de estado de Justicia, Áurea Roldán, aportó algunos datos, como que las insolvencias punibles, los delitos relacionados con la contratación pública y las subvenciones y los delitos ecológicos son las infracciones más comunes cometidas por las pymes. Añadió que la última reforma del Código Penal del 2015 tiene por finalidad dar operatividad al principio de que las propias empresas tengan responsabilidad jurídica, y no sólo sus administradores, ante posibles delitos. También dijo que "hay que tener en cuenta que no sólo hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino también las leyes de transparencia y buen gobierno de las administraciones públicas, porque son las dos partes del mismo negocio".

El presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, indicó que es "imprescindible" que las empresas se preocupen "no sólo de su facturación, sino también de la transparencia y el mantenimiento de un buen gobierno corporativo" y que "el compromiso de afianzar sin excepciones la cultura de la legalidad en las empresas, entidades privadas y en las administraciones públicas debe ser de todos". En su opinión, "cuanta más luz y más transparencia haya en todos los contratos, subvenciones y ayudas, cuanta más transparencia tengan las actuaciones de cualquier organismo o administración va a ser mucho más difícil que se puedan llevar a cabo malas prácticas y será un elemento esencial para fortalecer dichas administraciones y la democracia en su conjunto".

Uno de los ponentes ayer fue el juez Pablo Ruz, quien expuso un catálogo con las 25 conductas a tener en cuenta a raíz de estas reformas, con referencias concretas a casos de actualidad, como el del delitos contra la Hacienda Pública que se le imputa al FC Barcelona por el caso Neymar o lo atribuidos recientemente a Mario Conde, entre otros.