La Mezquita-Catedral es la gran referencia cultural, histórica y turística de Córdoba, con una dimensión mundial. De eso no hay duda. Pero más allá de que sea ese gran orgullo de todos los cordobeses, en los últimos años este emblemático edificio se ha convertido en el centro de todos los debates, envuelto en polémicas que, lejos de ir apaciguándose con el tiempo, van en aumento en algunos casos. Instituciones públicas y algunos colectivos han querido tomar como bandera el templo para reivindicar cambios en su titularidad, modificaciones leves en su estructura, rectificaciones en su denominación, en la gestión o revisiones en la narración histórica que se exhibe en el espectáculo nocturno. En algunos casos, la polémica no ha ido más allá del posicionamiento político, mientras que en otros el asunto ha llegado incluso a los tribunales. En cualquier caso, la Mezquita-Catedral está abonada a la polémica, una situación que, visto lo visto, lleva camino de mantenerse en el tiempo.

La inmatriculación del edificio en 2006 por parte de la Iglesia -aunque aireada muchos años después- fue una de las primeras polémicas que rodeó a la Mezquita-Catedral. Así, se conformó una plataforma en la que se criticó esa decisión y reclamó medidas por parte de las instituciones públicas al entender que con ese acto el Cabildo se "apropiaba" de algo que no era suyo. Fueron muchos los que opinaron y el asunto fue objeto de debate en plenos, sesiones del Parlamento andaluz e incluso en el Senado, si bien la idea que avalaron incluso los tribunales fue que no había infracción penal alguna en el registro de ese y otros inmuebles y que la Iglesia había ratificado en ese acto una realidad, como que es el titular del monumento. De hecho, incluso han salido a luz pública distintos documentos en los que tanto el Ayuntamiento de Córdoba como la propia Junta de Andalucía reconocen en este caso que la Iglesia católica es la propietaria.

Casi entrelazada a esta polémica se avivó la de una posible gestión turística compartida de la Mezquita-Catedral, auspiciada en gran medida por el entonces consejero de Turismo, Rafael Rodríguez (IU), y que se diluyó en parte con la salida de la federación de izquierdas del Gobierno andaluz, si bien la Junta ha ido defendiendo después que sería aconsejable esa colaboración en la explotación del monumento. En este punto, la postura del Cabildo ha sido siempre la de abrirse al diálogo, pero sin concretar cómo, mientras que sí ha sido más contundente a la hora de asegurar que es el titular del templo desde hace siglos, concretamente desde 1236. Hasta la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, no ha sido ajena a esta confrontación, que se enrareció cuando calificó como "una barbaridad" la inmatriculación del principal templo de la Diócesis. Su postura, asegura, "no ha variado", y sigue siendo la de que el inmueble sea de titularidad pública y la gestión a cargo de la Iglesia. El Cabildo endureció entonces su discurso y replicó a Díaz que mientras que la institución eclesiástica ha invertido diez millones de euros en la Mezquita en la última década, la Junta de Andalucía no se ha gastado "ni un solo euro en la conservación y mantenimiento del edificio en 20 años".

Hasta la promoción que hace la Iglesia del este emblema de Córdoba ha sido objeto de controversia, en el sentido de que ha habido quejas por el hecho de que no predomine la denominación consensuada hace años sobre el edificio -el de Mezquita-Catedral-. No obstante, fue el propio obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, el que echó más leña al fuego al defender única y exclusivamente el término de catedral, sin referencias a su pasado como mezquita, un gesto que incluso incomodó a muchos miembros del Cabildo.

Sin salir del templo, hace años se planteó la posibilidad de que todas las cofradías de la ciudad hicieran estación de penitencia y, por ende, trasladar hasta allí la Carrera Oficial de la Semana Santa, lo que supondría todo un cambio en esta celebración. Ese anhelo de las hermandades encontró la complicidad del Cabildo, que planteó como solución la apertura de una segunda puerta en la zona aledaña al Patio de los Naranjos, mediante la modificación de una de las celosías para cambiarla por otra móvil que permita la entrada o salida de los pasos. Al tratarse de un monumento protegido y declarado patrimonio mundial por la Unesco, necesitaba de la autorización de la Consejería de Cultura, que tras analizar el proyecto dio el visto bueno a esta propuesta. Parecía un asunto ya resuelto, pero el recurso del arquitecto Rafael De-La Hoz ante el Icomos -órgano asesor de la Unesco- llevó a la Junta a paralizar su decisión y elevar una consulta a la Unesco para que se pronuncie al respecto.

En este sentido, la postura de la consejera del ramo, la cordobesa Rosa Aguilar, de ponerse de perfil levantó malestar entre las cofradías, que finalmente se han resignado a esperar a que el organismo mundial hable. La presidenta del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) en España, Begoña Bernal Santa Olalla, criticó hace unas semanas en Córdoba que tanto la Junta de Andalucía y como el Gobierno central se han lavado las manos en la gestión que ambas administraciones están llevando a cabo respecto a la apertura de la segunda puerta de la Mezquita-Catedral y dejó clara su postura de oponerse a esa apertura porque cree que afecta a un patrimonio mundial.

El siguiente debate lo abrió hace apenas unos días el teniente de alcalde de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, al exigir la revisión de la narración que se ofrece del edificio en el espectáculo, sobre todo en cómo se cuenta. En su opinión, debe tratarse de una explicación "más científica y cercana a la realidad" y que ese cambio debería de ser objeto del nuevo convenio que se firme entre las partes. Esa afirmación vino tras un error de bulto del edil de IU, que dio por finiquitado un acuerdo que en realidad está vigente hasta 2018. García, que insistió en que "no me gusta nada" esa narración, modificó la que había sido hasta ahora la postura de su partido (IU), que fue el que rubricó con el Cabildo el espectáculo nocturno en 2006 y 2009 de la mano de Rosa Aguilar y Andrés Ocaña.

Cuando aún coleaba el asunto, el grupo municipal de Ganemos y la propia IU, que forma gobierno con el PSOE en el Ayuntamiento, mostraron esta misma semana su apoyo a una propuesta de un grupo de colectivos para que fuera el Consistorio de la capital el que inmatriculara a su nombre la Mezquita-Catedral. Como reconocieron desde Ganemos, el objetivo no es otro que el de crear "un conflicto" con la intención de que se judicialice de nuevo y se abra la posibilidad de revertir el registro que llevó a cabo la Iglesia católica en 2006.

Sin embargo, lejos de convertirse en un enfrentamiento más con el Cabildo Catedralicio -que de momento guarda silencio- esa estrategia se ha tornado en un elemento de tensión entre los socios de gobierno (PSOE e IU) y el grupo que los sustenta en Capitulares (Ganemos). A ese enfrentamiento se ha llegado una vez que la alcaldesa, la socialista Isabel Ambrosio, ha optado por plantarse ante esa demanda y rechazar de plano que la Mezquita-Catedral pueda ser municipal y ha reiterado en varias ocasiones que "es imposible" que ese monumento haya sido alguna vez de titularidad del Ayuntamiento. Así la cosas, las posturas divergentes han llevado hasta una situación difícil las relaciones entre socialistas e IU, mientras que Ganemos Córdoba -clave para la aprobación de asuntos en el plenario- ya venía de una actitud clara de incomodidad después de que se escenificara un acuerdo para los presupuestos municipales entre el gobierno local y Ciudadanos, un pacto que pilló por sorpresa a la agrupación de electores. Ahora, con la petición de que se inmatricule la Mezquita-Catedral como bien municipal, ha encontrado una vía para hacer evidente ese distanciamiento, sobre todo con el PSOE.