La posible rebaja de la tasa para los parcelistas que se quieran acoger a la figura legal del Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) no convence a los partidos de la oposición, en concreto, a PSOE e IU. Y no por la reducción del canon para acogerse a esta figura legal, que permitiría a los propietarios de las viviendas construidas en terreno ilegal tener acceso a servicios básicos, sino por el trasfondo de este asunto. Ambos grupos municipales consideran que detrás de esta decisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) "sólo se esconde un afán recaudatorio", ya que el Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) "no resuelve nada".

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Emilio Aumente, explicó ayer que esta figura "no legaliza absolutamente nada" sino que da "una opción" en aquellas edificaciones ilegales "por las que delante de su puerta pasa una línea de luz y de agua". No obstante, tal y como señaló, "no ofrece ninguna solución a las viviendas que se encuentran aisladas". En conclusión, Aumente insistió que el AFO permite "únicamente sacar a la luz una realidad subyacente" y que "por una ineficacia política no se ha tratado convenientemente". En la actualidad la tasa para acceder a dicha declaración es del 6% del valor de la ejecución material de la obra.

El PSOE señaló que a través de este recurso la GMU lo que pretende es "sacar un dinero" a los propietarios que quieren inscribir sus viviendas en el registro, pero que "es inútil ya que no te da nada, no es una solución a las parcelas". Asimismo, Aumente dudó de las previsiones de tramitar 700 expedientes durante el año 2014, tal y como aseguró el presidente del organismo municipal, Luis Martín, el pasado miércoles. "No me creo que se vaya a llegar a esa cifra", recalcó.

El portavoz de IU en el Consistorio, Francisco Tejada, por su parte, también insistió en que el AFO "no resuelve la situación de las parcelaciones ilegales", pero que es la vía que ha usado el actual equipo municipal para un "fin recaudatorio", en lugar de impulsar un nuevo planeamiento urbanístico. Asimismo, puntualizó que "no todas" las viviendas ilegales pueden acogerse a esta figura, debido a las condiciones que marca el decreto aprobado por la Junta de Andalucía. El presidente de la GMU señaló que se contabilizan en torno a 4.170 viviendas en suelo no urbanizable en distintas parcelaciones del término municipal de Córdoba. Las parcelaciones ubicadas en zonas de especial protección, como es el caso del entorno de la ciudad palatina de Medina Azahara o las edificaciones situadas junto al aeropuerto, que tal y como señaló Martín, no se pueden acoger a la figura del AFO al estar situadas en suelos de especial protección e inundables.

El grupo de Unión Cordobesa (UCOR) fue incluso un poco más lejos al considerar que en una situación económica como la actual es "imposible" que los propietarios de las parcelas paguen una tasa de un 6% o, incluso, inferior para acceder a los servicios básicos. De este modo, la concejal de esta formación Aurora Aguilar aseguró que es "improbable" que la GMU recaude, tal y como tienen previsto, 1,5 millones de euros con la tramitación de expedientes a lo largo del próximo año.

UCOR defendió que hay que buscar una solución "eficaz" a través de la modificación de la LOUA que legalice automáticamente todas las parcelas que no se encuentren en zona BIC o en zonas de suelo inundable.