-En el segundo Consejo de Gobierno de esta legislatura se presentó un anteproyecto para blindar al sistema público de salud, ¿puede avanzar detalles de esta iniciativa?

-Es el anteproyecto de ley de garantías y sostenibilidad del sistema, con el que se pretende algo muy ambicioso: que el sistema sanitario público andaluz quede protegido de los vaivenes de la coyuntura económica o de los cambios de Gobierno o, de cualquier otra situación que se produzca. Creemos que esta iniciativa debería tener una legislación básica estatal en la que se garantice una financiación suficiente a la asistencia sanitaria para dar garantías y tranquilidad al sistema.

-Desde determinados sectores se pone en duda la sostenibilidad del sistema, ¿qué les diría?

-El sistema será sostenible mientras que los ciudadanos estén dispuestos pagar con sus impuestos la prestación sanitaria que reciben; y lo están. Nadie quiere encontrarse, por ejemplo, en una situación de crisis económica, sin cobertura sanitaria pública. En el sistema americano, entre las familias medias, la principal causa de ir a la quiebra es que alguien de la familia se ponga enfermo. Aquí, independientemente de tu nivel de recursos tienes garantizada la asistencia sanitaria, desde la más básica hasta la más complicada. Esto tiene un valor y equivale a una renta. Si quisiéramos asegurar este servicio mediante un seguro privado la mayoría de los españoles no podríamos pagarlo.

-¿Cómo se va a blindar el sistema ante posibles ataques?

-A través de la ley, que garantice una financiación suficiente de manera estable. Ahora todo el mundo reconoce que el sistema está infrafinanciado. Para mantener la cartera de servicios e introducir nuevas tecnologías, que realmente aporten, se recoge en la propia ley algunas medidas tanto económicas, en el ámbito social como medioambiental. También recoge un cuarto aspecto, que muchas veces se olvida, que tiene que ver con el conocimiento, la investigación y la innovación. El anteproyecto contempla actuaciones para la eficiencia del sistema, que ya se están desarrollando.

-¿Cuándo se aprobará?

-Se encuentra en exposición pública para todos los agentes sociales e incluso se quiere recoger en la página web de la Consejería para que las asociaciones implicadas puedan aportar ideas. Y mientras tanto, hemos remitido el texto a las sociedades científicas, asociaciones, ayuntamientos, para que vayan aportando. La exposición pública será hasta el 15 de octubre. Es una ley en la que buscamos el máximo consenso posible. A partir de ahí habrá un periodo de análisis por parte de un grupo de expertos que durará unos dos meses, con la idea de que en el primer cuatrimestre del próximo año, más o menos, entre en el Parlamento. Después pasaría a discusión por todos los grupos parlamentarios, con sus enmiendas, lo cual es más difícil de controlar. Espero que después del próximo verano sea aprobada.

-¿Cuál es la financiación suficiente para el sistema?

-Calculamos que el 6,5% del Producto Interior Bruto, como mínimo, lo cual nunca se recibe. A nivel nacional, el Gobierno central ha planteado a la UE el objetivo de un 5% del PIB. Esa sí que es una situación insostenible.

-Si no entran suficientes fondos, el sistema se deteriora y entra en riesgo de convertirse en un sector atractivo para grandes empresas privadas.

-Cuando la construcción falla... Soy un convencido de que la sanidad pública es eficiente y ahí están los datos de otros países donde es privada, que gastan mucho en la prestación sanitaria. Por ejemplo, Holanda, que cambió de un sistema público a privado, ha visto aumentar el gasto en sanidad de una manera alarmante.

-Más allá de proteger al sistema, lo cierto es que cada vez abren más clínicas privadas. Es un mercado al alza, incluso en plena crisis.

-Sí. Cuando falla el ladrillo, la asistencia sanitaria resulta golosa. Las personas están preocupadas por su salud; y además hay muchas campañas por parte de mucha gente. Y se pone en entredicho desde determinados sectores la sostenibilidad del sistema. Pero ¿qué es insostenible? el hecho de que una persona no pueda acceder a la asistencia sanitaria por carecer de recursos sí que es insostenible. Me preocupa cuando se duda de la sostenibildad. El objetivo claro de la ley es que independientemente del nivel de recursos se acceda a la asistencia.

-Hace apenas dos años la ministra Ana Mato retiró la vacuna de la varicela de las farmacias y la retrasó a los 12 años. Recientemente se ha acordado adelantar esta vacuna a los 12 meses de vida a partir de 2016. Entre estas decisiones quedan muchos niños que han cumplido el año y que no la han recibido. ¿Las vacunas deberían estar también protegidas a los vaivenes de la política?

-Parece el razonamiento que hemos planteado en el consejo interterritorial. Pero hay países del entorno como Francia que tienen la vacuna a los 12 años y no tiene una mayor morbi-mortalidad. En este sentido quiero transmitir tranquilidad a las familias con esta vacuna. Estoy de acuerdo en que no se puede frivolizar: que hace dos años se quita de la farmacia ahora se discute si se vuelve a poner... hay que ser más científicos.

-El Gobierno central ha recurrido las subastas andaluzas de medicamentos y ahora plantea implantar un sistema similar a nivel nacional.

-Es una apuesta que se hizo desde Andalucía. El médico lo que conoce es el principio activo. Nosotros en la facultad de Medicina no estudiamos la marca comercial, sino el principio activo. Por ejemplo ante una infección bacteriana, sabemos que una amoxicilina es el tratamiento, y nos preocupa qué dosis dar en función de la edad y de la enfermedad. Pero nadie sabe la marca comercial que mejor resulta en cada caso. El segundo argumento: todos los fármacos que se venden en España son aprobados por la Agencia Española del Medicamento, que no está politizada y cuenta con profesionales de prestigio que evalúan todos los medicamentos que entran en el mercado español y que además van a ser financiables, con criterios de calidad. También es la encargada de retirarlos cuando dejan de cumplir esos criterios de calidad. A partir de ahí, la Junta de Andalucía no puede modificar los precios, porque es una competencia del Gobierno de la Nación. Nosotros lo que planteamos es comprar determinados principios activos por concurso público. El Gobierno central plantea sacar un precio a partir del cual realizará una selección de medicamentos, una opción que aparece en la legislación de 2011, pero que nunca se ha utilizado. El Gobierno central puede establecer precios para los medicamentos, nosotros no, si no lo hubiéramos hecho; pero en todo caso se trata de una selección de medicamentos basada en criterios de eficiencia y eficacia.

-Se producen desabastecimientos de los laboratorios adjudicados en las subastas.

-Siempre se han producido desabastecimientos de medicamentos a nivel nacional y ante estas situaciones hay otros fármacos para que el paciente pueda continuar con el tratamiento, y ahí entra la labor del farmacéutico.