Toda luz tiene su sombra. Toda cara, su envés. Y el nuevo Plan Autonómico de Vivienda no es una excepción. La Junta de Andalucía dice ser capaz de construir en los próximos cinco años un total de 300.000 nuevas viviendas protegidas. Una cifra extraordinaria para abordarla –incluso con la colaboración del sector privado– en apenas un lustro de tiempo. En especial dados los largos periodos de maduración de cualquier tipo de proyecto inmobiliario.

Si habitualmente el tiempo es, junto a otros, el factor esencial que impide que las promesas en materia de vivienda puedan cumplirse, en esta ocasión el marco urbanístico tampoco ayuda, al estar casi todos los planes generales de Andalucía paralizados por no haberse adaptado a la Ley de Ordenación de Urbanística (LOUA) en los plazos fijados o haberse quedado colgados en sus trámites iniciales debido a los continuos cambios en la normativa territorial y urbanística. Una situación de la que, junto a los consistorios, sólo es culpable la propia Administración autonómica. Esto supone que hoy no existe –jurídicamente hablando– suelo calificado para estos pisos.

Consciente de la situación, la Junta, tras reformar de nuevo –también por decreto– el Plan Territorial de Andalucía (POTA), optó por abrir una vía rápida –los planes parciales– para que los ayuntamientos, con independencia de los planes generales, pudieran poner en carga grandes bolsas de suelo para construir VPO. Una especie de licencia para que las viviendas protegidas se tratasen como hechos exógenos a las localidades donde se implantan, cuyo diseño es competencia de los alcaldes. De la capacidad de los consistorios y la Junta para agilizar la gestión de estos suelos depende ahora el éxito del Plan Andaluz, que ha optado claramente por situar la mayor parte de sus recursos teóricos en la parte de población cuya renta media se encuentra situada por debajo de los 15.507 euros al año.

Para cubrir sólo la demanda de estas familias se construirán hasta 200.000 pisos protegidos. Los 100.000 restantes se reparten entre las rentas realmente sociales –10.000 pisos para colectivos que no lleguen siquiera al salario mínimo; otros 10.000 en alquiler para los casos de problemas de índole familiar– y las clases medias. Se hace además forma más o menos progresiva. Así, se construirán 40.000 viviendas protegidas para atender al sector de la demanda situado entre los 15.507 euros anuales y los 21.709 euros. Otras tantas –hasta 40.000 pisos más– serán para familias cuyos ingresos anuales ponderados oscilen entre los 21.709 y los 34.115 euros. En este punto salarial es donde el Plan de Vivienda muere.

Lo que implica que aquellas familias cuya renta consolidada supere esta cifra, que viene a suponer más o menos cinco veces y media el indicador oficial del Iprem, deberán solucionar su problema de acceso a la vivienda por sus propios medios en el mercado libre, cuyos precios –todavía– obligan a tener que hacer un más que considerable esfuerzo para poder costear una vivienda. Estos andaluces quedan pues fuera de la política de viviendas de la Junta.