Una duda más que razonable

CUANDO Pedro Pacheco era alcalde de Jerez, ejecutaba sus campañas electorales como Obama. Pero sin internet y con Polaroid. Según han desvelado esta semana dos ayudantes de Barack a parte del grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla, previo pago de 15.000 euros, la campaña demócrata se basó en una combinación del tradicional puerta a puerta con una convocatoria previa de sus voluntarios en los foros de internet. Pacheco se pateaba las calles de las barriadas, subía a pie a los edificios de pisos, llamaba al timbre al grito de "¡Señora, el alcalde de Jeré!", y cuando abría la potencial electora, conversaba con ella o con el resto de las vecinas en el descansillo mientras un propio sacaba la cámara Polaroid e inmortalizaba el momento.

Pero aún atesoraba una táctica mucho mejor. Casi insuperable por su simpleza.

De vez en cuando, el puerta a puerta se transformaba en una suerte de inspección a la barriada con los miembros de la asociación de vecinos: un vistazo al mobiliario urbano, a las farolas, al pavimento, al quiosquito, a los semáforos. Como lo que hace ahora el candidato del PP en Sevilla, Juan Ignacio Zoido, pero con parné y con mando.

-"Don Pedro, a ver si arregla el escalón de la plazoleta, que un día se va a chocá un niño", le espetaba algún vecino siempre, eso sí, con el Don por delante porque en Jerez se sigue usando muchísimo este tratamiento.

Y, oído esto, Don Pedro se daba la vuelta, y le ordenaba con un gesto a uno de los colaboradores que seguía el recorrido: "Apúntalo". Y el amanuense, una suerte de voluntario que llevaba una carpetilla de esas azules con gomillas, debía escribir: "Arreglar las losetas de la plaza del Amontillado". Por ejemplo. Claro, que el sistema funcionaba siempre que, a los cuatro años, cuando Pacheco volviera a cruzar otra vez por la misma plazoleta en una nueva campaña electoral, el desperfecto ya estuviera arreglado.

Esto era como un germen de los llamados presupuestos participativos, que se inventaron en las capitales del Brasil que parió a Lula, pero que con el tiempo no han funcionado ni en el mismísimo Portobello. La razón: los vecinos apenas iban a las asambleas porque sabían que el ayuntamiento apenas satisfaría sus peticiones. Tiesos, que ha sido la condición de los consistorios españoles. O manirrotos. Lo han intentado con poca fortuna la Córdoba gobernada por IU o el propio Jerez de la socialista Pilar Sánchez.

Pues bien, algunos alcaldes andaluces, caso de la de Sanlúcar, Irene García, lo había vuelto a intentar para confeccionar el presupuesto del año 2009, con la fortuna de que a Rodríguez Zapatero se le ocurrió a la vez regar a los ayuntamientos con 8.000 millones de euros en inversión. ¿Qué han hecho en la ciudad de la manzanilla? Volcar en papel real las peticiones de los vecinos, y enviárselas al Ministerio de Administraciones Públicas, que es el que controla el reparto multimillonario.

La cantidad, según Zapatero, va a suponer que el año 2009 registre la mayor inversión pública de la historia de la Democracia. Son casi 30.000 millones de euros entre lo que se ha llamado el PER urbano, las inversiones de Fomento y las de Medio Ambiente. Un dato: el déficit municipal que el Estado francés va a permitir a sus municipios es de 5.000 millones de euros. Aquí es más, y lo paga el Gobierno. En definitiva, que el alcalde que no gane las elecciones en el año 2011 debería dedicarse al marisqueo.

Y todo con un solo objetivo: crear empleo. O que no se destruya a la misma velocidad, que en el Gobierno y la Junta le temen como al demonio al dato de paro del tercer trimestre de 2009.

Sin embargo, el decreto que la Junta ha publicado esta semana para repartir sus 360 millones de euros en un fondo parecido ha desvelado algo. Que el plan del Gobierno de Zapatero es un plan de fomento del empleo, que sin embargo deja algunas puertas abiertas para convertirse en un proyecto encubierto para el saneamiento de las arcas municipales.

Así como el decreto de la Junta ha establecido la salvaguarda de que los fondos irán a una cuenta especial, los del Estado van a la común y pueden ir a pagar las deudas acumuladas por el municipio con la Seguridad Social. Ahí donde la Junta ha establecido este blindaje, el Gobierno exige que, antes de licitar las obras, se esté al día con la Seguridad Social o se tenga un plan para ello. Por tanto, el plan estatal no sólo es de empleo, sino también municipal porque obligará al saneamiento. Que tampoco es malo.

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