Tres Secciones de la Audiencia juzgarán las primeras cuatro piezas de Invercaria

  • Al tribunal que juzgará la “pieza política” de los ERE ya le han correspondido dos juicios de Invercaria

Las cuatro primeras piezas de la macrocausa relacionada con las irregularidades en las ayudas y préstamos concedidos por la sociedad de capital riesgo Invercaria ya están repartidas entre tres secciones de la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento en los próximos meses o cuando pueda fijarse la vista, dado que algún investigado también será juzgado en la “pieza política” de los ERE.

Así, a la Sección Primera, la misma que lleva esa pieza de los ERE, le ha correspondido celebrar los juicios por las ayudas concedidas a la empresa Fumapa y a la diseñadora cordobesa Juana Martín, mientras que la Sección Cuarta enjuiciará las ayudas a Fiva y la Séptima, las del Operador Aéreo Ándalus. La Sección Tercera de la Audiencia, por su parte, está excluida porque ya conoció de la macrocausa al tener que resolver los distintos recursos que se han presentado durante la instrucción de la misma.

En estos juicios se sentarán en el banquillo varios ex responsables de Invercaria y hasta algunos ex consejeros de la Junta de Andalucía, a los que se piden penas de cárcel importantes.

Fumapa

La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de seis años de prisión y 25 años de inhabilitación para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con los préstamos que por importe de 359.581,6 euros concedió esta sociedad pública andaluza de capital riesgo a la empresa Fumapa.

Anticorrupción reclama las mismas penas de seis años de prisión y 25 de inhabilitación para los miembros del consejo de Administración de Invercaria Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete, y Ramón Martín López; mientras que a los administradores de Fumapa, los empresarios Fulgencio Canales Rodríguez y Francisco Gutiérrez Cañizares, les pide dos años y medio de cárcel y seis inhabilitación para cada uno. Además de las penas de cárcel y de inhabilitación, el Ministerio Público reclama que los seis acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la agencia Idea con 300.000 euros, puesto que, según apunta en el escrito de conclusiones provisionales remitido al juzgado, “el perjuicio total a la mercantil Invercaria y a la agencia Idea asciende a 359.581,60 euros, cantidad que puesta en relación con los fondos propios del año 2008 destinado a inversiones, suponen un daño relevante en las propias cuentas de la entidad y en los posibles fondos destinados a otros proyectos en fase semilla o arranque”.

JUANA MARTÍN

En esta pieza, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ocho años de cárcel para la diseñadora cordobesa Juana Martín por delitos de malversación y prevaricación tras las ayudas recibidas por Invercaria entre los años 2006 y 2011. El Ministerio Público también ha pedido ocho años de prisión y otros veinte de inhabilitación para el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo. El ex director de promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, paradójicamente denunciante del caso, y Antonio Nieto, ex director financiero se enfrentan a seis años y medio de cárcel.

OPERADOR AÉREO ÁNDALUS

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha abierto juicio oral contra el ex consejero de Cultura de la Junta José María Martín Delgado y contra otros cuatro procesados por las ayudas concedidas por Invercaria al Operador Aéreo Andalus (OAA), y les ha impuesto a los cinco investigado una fianza de 1.368.954,98 euros, en relación con el supuesto perjuicio de 1,8 millones causado a Invercaria por las ayudas al Operador Aéreo Andalus.

El Ministerio Público ha solicitado una condena de dos años y medio de cárcel para el ex consejero de Cultura de la Junta José María Martín Delgado, que fue presidente del consejo de administración de esta sociedad; y también ha reclamado una pena de seis años de cárcel para Tomás Pérez-Sauquillo y para la que fuera miembro del consejo de administración Isabel de Haro Aramberri, mientras que reclama penas de dos años y medio de prisión para los accionistas del Operador Aéreo Andalus, los hermanos Fernando y Pedro José Guerrero Ros.

FIVA

En esta pieza se investigan las ayudas para la puesta en marcha de Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (Fiva), un proyecto fallido que pretendía integrar a 50.000 empresas y que consistía en la creación un portal virtual de presentación de productos para las empresas andaluzas, de modo que pudieran exhibir y ofrecer sus productos en internet, evitando así los costes y problemas de las ferias comerciales al uso.

Esta ayuda fue la primera que se investigó en esta macrocausa y en la misma están procesados los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, y a otras diez personas en relación con las ayudas de 710.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción reclama 19 años de cárcel y seis años y medio de prisión para los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, respectivamente. En concreto, el Ministerio Público pide 19 años de cárcel y 47 años de inhabilitación para Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios, falsedad en documento mercantil y delito de contrato simulado. Para Laura Gómiz solicita seis años y medio de prisión y 16 años de inhabilitación por un delito de contrato simulado en concurso con delitos de prevaricación y malversación.

Los otros diez procesados, entre los que se encuentran el ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto Garrido; el representante de Novasoft Francisco José Barrionuevo, y los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill, se enfrentan a penas de entre 16 años y medio de cárcel y cuatro años de prisión. También se acua a los consejeros de Invercaria Juan Vela Quiroga, Ramón Martín López, Isabel de Haro Aramberri, Bienvenido Martínez y Jacinto Cañete, y a Mariano Pérez-Sauquillo, hermano del ex presidente de Invercaria.

La Fiscalía reclama a los 12 procesados una indemnización de 1.365.000 euros para Invercaria.

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