La Junta resolverá en menos de seis meses la oferta de empleo público

  • La consejera de Justicia presentará ante el Parlamento de Andalucía los proyectos de Ley de Protección de Datos y del Empleado Público

La consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, se comprometió hoy a convocar en la primera mitad de cada año las Ofertas de Empleo Público de la Administración, así como a resolver cada una de ellas en un plazo máximo de seis meses, añadiendo que establecerá en este sentido un calendario anual para que todos los aspirantes a una plaza de empleo público puedan saber en qué momento saldrá cada una de las convocatorias. 

En una interpelación parlamentaria, Naranjo, que detalló ante el Pleno las actuaciones que su departamento llevará a cabo a lo largo de la legislatura en el área de Administración Pública, indicó que dicha medida conllevará, además, una mayor eficiencia organizativa.

En este sentido, la consejera destacó que presentará en este sentido ante la Cámara autonómica el proyecto de Ley del Empleado Público de Andalucía, "sin menoscabo de abordar aquellos aspectos de la regulación básica estatal en que la Junta pueda ir avanzando".

 Así, incidió en conseguir que la Junta de Andalucía se convierta, en la mayor medida posible, en una Administración "sin papel", consolidando el modelo multicanal a través de la herramienta de comunicación, participación e información ciudadana denominada 'Clara'. Naranjo aseguró que ya se está trabajando en la puesta en marcha de un nuevo servicio de este portal para que ciudadanos, entidades e instituciones puedan saber en cada momento en qué estado se encuentran sus expedientes personales. 

Asimismo, abogó por seguir extendiendo el uso del certificado digital y relacionó los avances en administración electrónica con la mejora de los procesos, la reducción de trámites, el acortamiento de plazos y el aumento al máximo de la oferta de servicios de respuesta inmediata de la Junta de Andalucía. Al respecto, la consejera apostó por que la práctica totalidad de los trámites administrativos se puedan resolver de forma telemática, así como evitar que la ciudadanía aporte datos y documentos que ya obren en poder de las Administraciones Públicas y ofrecer la posibilidad de que los interesados puedan obtener información en todo momento del estado de sus expedientes. 

Naranjo explicó que el objetivo, tal y como marca la Ley estatal de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, es hacer realidad el conjunto de derechos digitales que podrán ser ejercidos por la ciudadanía a finales de 2009. Un grupo de trabajo creado por la Junta de Andalucía ya se está encargando de formular propuestas de mejora en este sentido y en pocos meses presentará sus conclusiones.

Entre la futura normativa, Naranjo anunció que también presentará ante el Parlamento el proyecto de Ley de Protección de Datos, para que los andaluces y andaluzas realicen todos sus trámites no sólo de forma ágil, sino también segura, complementando y reforzando las medidas ya establecidas para velar por la privacidad de todos los ciudadanos a nivel estatal.

Naranjo, que reiteró el compromiso del Gobierno andaluz de hacer una Administración "más ágil, eficaz, transparente y accesible", apostó por desarrollar políticas encaminadas a la excelencia en la gestión de los recursos humanos y a dotar a la Administración de medios más modernos, para conseguir la mejora continua y una Administración de calidad. 

La consejera de Justicia y Administración Pública apuntó que el objetivo es dar a la ciudadanía un "buen servicio público, cada vez más profesional y más moderno, a través de unos trabajadores y unas trabajadoras mejor formados a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, que potenciará sus atribuciones para completar las políticas centradas en las personas".

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