El Gobierno delega en Chaves la decisión de la fosa de Lorca

  • El nuevo protocolo sobre las exhumaciones implica a las comunidades autónomas

La Junta de Andalucía será la encargada, junto a los familiares y municipios, de autorizar los permisos para las exhumaciones de las fosas y, en caso de conflicto entre los distintos familiares y asociaciones, ponderará la decisión, tal y como establece el borrador del protocolo que el Gobierno central ha elaborado para regular las exhumaciones.

Según publicó ayer El País, el documento, determina que a partir de ahora "será necesaria la autorización de la Comunidad Autónoma correspondiente, así como de los órganos de gobierno de la entidad local donde se ubiquen los restos".

Tras las últimas decisiones tomadas en la Audiencia Nacional, la apertura de una fosa iba a depender del criterio de los juzgados territoriales, por lo que el protocolo vuelve a dar un giro a las tramitaciones. Es el caso de la promovida por Nieves Galindo, la nieta del maestro republicano Dióscoro Galindo, fusilado y enterrado en una fosa común de Alfacar (Granada) junto a Federico García Lorca y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Granada.

La familia del poeta de Fuente Vaqueros ha declarado de manera reiterada su posición contraria a la posible apertura de la fosa, a pesar de haber hecho público que no se opondrá en caso de que se lleve a cabo. El sobrino de Lorca, Manuel Fernández Montesinos, aseguró ayer a este periódico que la opinión de los herederos "sigue siendo la misma".

Nieves Galindo ya ha anunciado que seguirá adelante con su petición, por lo que será el Gobierno de Manuel Chaves el que decida sobre la exhumación. La nieta del republicano fusilado recuerda que cuando la Universidad de Grabada ofreció hace dos años su ayuda para los trabajos, la asociación puso el asunto en manos de la Junta. "Entonces no nos dieron contestación, pero me imagino que ahora se verán obligados a hacerlo", señaló.

La consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, declaró ayer a Europa Press que el traslado de competencias a las comunidades autónomas es "sensato" y "no pone sólo la patata encima de las Comunidades Autónomas sino que la reparte entre los interesados".

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