La consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, considera que es "absolutamente normal" que la reordenación del sector público emprendida por el Gobierno de José Antonio Griñán esté siendo fuente inagotable de demandas, contenciosos, recursos y sentencias. Una reforma de este calado, que afecta a miles de trabajadores y con una gran "complejidad jurídica", en palabras de Moreno, siempre suscita "controversias" en los colectivos implicados.

Con esta tesis quiso justificar ayer la consejera el revés que la semana pasada el TSJA dio a la integración de trabajadores de antiguas empresas públicas y fundaciones en la nueva Agencia Servicio Andaluz de Empleo. Moreno, que de nuevo hizo una defensa de la reordenación por la "racionalización" del funcionamiento, el "ahorro" en altos cargos y la "salvaguarda" del sector, proclamó que la Junta siempre acatará las sentencias cuando sean firmes y las recurrirá cuando no las comparta.

Y lo primero, acatarlas, fue lo que le exigió ayer al Ejecutivo el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja), que presentó varios escritos ante las consejerías y delegaciones provinciales de Empleo y Cultura en Sevilla para que "acaten las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y cumplan con la Ley". La central sindical repetirá esta iniciativa en las demás provincias, emplazando así a la Junta a que suspenda la integración del personal laboral en la Agencia del Servicio Andaluz de Empleo y en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Safja arremetió contra la "agencialización", a instancia de la asociación Al Andalus de Empleados Públicos de la Junta, la asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública y otros ciudadanos. Estos colectivos han llevado a los tribunales el decreto con el que el Ejecutivo daba luz verde a todo el proceso de reordenación de la función pública diseñado por el equipo de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. En contraste con esa exigencia de los funcionarios, la portavoz gubernamental se apresuró a "hacer un llamamiento a la tranquilidad de los trabajadores" trasvasados desde la extinta Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe) y las Unidades Territoriales para el Empleo y el Desarrollo Local y Técnico (Utedlt) -1.717 trabajadores en total-, garantizándoles el mantenimiento de sus plazas. "Van a seguir en sus puestos de trabajo, acogidos al Estatuto de los Trabajadores", subrayó Moreno.

A esta intención se oponen los funcionarios frontalmente. Safja exige directamente por escrito a la Administración que "acate las sentencias y suspenda efectivamente la integración del personal en las agencias SAE y Andaluza de Instituciones Culturales a tenor de los últimos fallos judiciales, cumpliendo así con la ley y con sus responsabilidades", al tiempo que solicita en ambas agencias "que se proceda al cese del personal externo de los extintos Instituto Andaluz de las Artes y las Letras y Faffe en todas aquellas labores que se lleven a cabo en centros de trabajo de la Administración General de la Junta; que este personal deje de percibir retribuciones con cargo a las partidas presupuestarias de la Comunidad, en tanto en cuanto no se dicte sentencia sobre la cuestión principal del litigio objeto de la suspensión cautelar citada".

Otra demanda del sindicato es la "retirada de todas las claves informáticas al personal externo, por tratarse de personal que no ha accedido a la función pública rigiéndose bajo los principios de la igualdad, mérito y capacidad, y estar desempeñando funciones que implican el ejercicio de potestades públicas, con la grave afectación al interés general que ello puede suponer". El sindicato recordó que el personal laboral de las agencias "no pueden ejercer potestades públicas, tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público" y alude a sendas sentencias y a lo establecido en las mismas. Safja requiere a la Junta de Andalucía que deben acatar las sentencias, en tanto en cuanto ello se deriva de imperativo legal previsto en la Constitución Española, que señala "es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto".