Educación defiende la condena a favor de un profesor agredido en Mijas

  • El padre de un alumno cumplirá un año de prisión por atentado contra un funcionario

Un días después de que se conociera la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga en la que se condena de un año de cárcel a un hombre por agredir a un profesor en Mijas, la consejera de Educación, Teresa Jiménez, mostró ayer su satisfacción porque, a su juicio, los fallos judiciales de esta naturaleza permiten "la dignificación del trabajo docente y no deja ningún resquicio que justifique una agresión".

La sentencia sitúa a los funcionarios de Educación como autoridad pública y a las agresiones perpetradas contra ellos, como atentado. El fallo judicial equipara la figura del maestro a la de las fuerzas de seguridad del Estado con penas que oscilan entre uno y tres años de prisión. Juan Manuel G. M. ha sido condenado a un año de prisión por un delito de atentado, y al pago de una multa por una falta de lesiones al agredir y amenazar a un profesor de su hijo.

Los hechos ocurrieron en junio de 2007 en el colegio público Los Campanales, ubicado en Las Lagunas de Mijas Costa. Acababa de terminar la fiesta de fin de curso cuando el acusado se dirigió al profesor L. E. G. y, en presencia de otros padres y profesores, le dijo que "era un cabrón y un hijo de puta, lo cogió de la cintura y lo zarandeó al tiempo que le decía de forma reiterada: 'Te vas a enterar cuando te coja en la calle", según recoge la sentencia. El profesor resultó herido con varios hematomas en la parte abdominal y tardó hasta tres días en curarse.

El padre del alumno, de 35 años, tiene antecedentes por lo que probablemente tendrá que cumplir la condena en la cárcel (eludible en muchos casos si la pena es inferior a dos años so no hay antecedentes). El fallo judicial marca un antes y un después, al introducir las penas de cárcel por este concepto.

El juez aclara en sus fundamentos de derecho que "el tipo penal no se refiere únicamente a los funcionarios agentes de las fuerzas del orden público" sin también "a todos aquellos profesionales, en especial funcionarios, dentro de la enseñanza, sanidad y servicios sociales públicos, siempre que se hallen ejerciendo una función pública y conociéndolo el agresor".

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