En 1996, el Defensor del Pueblo Andaluz publicó un informe donde clasificó como "deficientes" o "muy deficientes" las instalaciones de 41 de los 81 ayuntamientos con obligación de contar con estas dependencias, impuestas por ley al ser cabeceras de Partido Judicial y no existir en la demarcación otro establecimiento penitenciario. Las causas del suspenso: seguridad, salubridad, habitabilidad o respeto a los derechos constitucionales, entre otras. La defensa de los entes locales: no existe financiación suficiente para estas competencias.

Doce años después, la institución que dirige José Chamizo ha actualizado el informe y lo ha ampliado con las dependencias de Guardia Civil y Policía Nacional, "donde tienen lugar la inmensa mayoría de las detenciones en Andalucía". La nota final: suspenso. "No reúnen las condiciones elementales para que personas puedan estar allí detenidas", calificó ayer Chamizo en rueda de prensa tras la presentación del informe a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves.

Los detenidos pueden estar en estos centros de custodia un máximo de 72 horas antes de pasar a disposición judicial. En los que dependen de los ayuntamientos, han pasado más de 18.000 personas en tres años. De quienes lo tienen, "porque hay 28 partidos judiciales -el doble que en 1996- cuyos municipios incumplen la obligación y no parece ocurrir nada grave por ello", apunta el informe. De los que quedan, 45, el Defensor valoró que se ha procedido a instalaciones de nueva planta o a rehabilitaciones y ya no son "lugares lamentables, húmedos y sombríos", por lo que descienden a diez los suspensos.

La razón de los ayuntamientos continúa siendo la misma, la escasa aportación económica que reciben, y por ello el Defensor instó al Ministerio del Interior a que promueva un cambio legislativo en la Ley de Bases de Régimen Local para que sea el Gobierno quien asuma las competencias sobre estos depósitos de detenidos.

La institución tampoco sale convencida de la visita a las dependencias de la Policía y la Guardia Civil. A su parecer, la mayoría de las instalaciones visitadas -23 de Policía y 22 de Guardia Civil- les parecen insuficientes, "por su antigüedad, las dotaciones que presentan las celdas, la inexistencia de otras instalaciones complementarias y, especialmente, por su escasa capacidad para acoger detenidos". Estas dependencias, municipales o estatales, deben garantizar la "dignificación de las personas detenidas", concluyó.