La juez María Núñez Bolaños, que investiga las supuestas irregularidades en los cursos de formación, ha rechazado imputar a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, una decisión que coincide con la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que recientemente sostuvo que no ve indicios "por el momento" para imputarlos en la pieza que afecta al ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, en relación con los 33 millones de euros que recibieron las empresas del grupo Prescal para la formación de los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delphi.

El Ministerio Público sí solicitó, en cambio, a la juez María Núñez Bolaños, que impute en esta pieza de los cursos de formación -en la que además de Ojeda está imputado el ex consejero de Empleo Antonio Fernández- al también ex consejero de Empleo Manuel Recio,  quien ha sido citado a declarar para el próximo 27 de marzo.

La negativa del Ministerio Público a que se tome declaración como investigados a los ex presidentes Chaves y Griñán -que ya están procesados y a la espera de juicio por el caso de los ERE fraudulentos- se plasma en un escrito que el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto presentó el pasado 21 de diciembre de 2016 en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

El fiscal se pronuncia en ese escrito ante la petición de la juez respecto a la posibilidad de acumular en esta pieza de Ojeda y Delphi una denuncia presentada por la asociación de trabajadores de Delphi, después de que los antiguos empleados hayan recibido a lo largo de 2016 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sendas demandas en las que se les reclama el reintegro de los subsidios percibidos por desempleo.

En esa denuncia, los ex trabajadores de Delphi reclamaban la declaración como investigados de los ex presidentes de la Junta, a los que atribuyen diversos delitos. La Fiscalía Anticorrupción no se  opuso a que se acumule esta denuncia a la causa de Ojeda, si bien rechaza por ahora la imputación de Chaves y Griñán. "No existen en la causa indicios, al menos por el momento, de la participación de los anteriores presidentes de la Junta de Andalucía, por más que los denunciantes puedan alegar sospechas, que de momento no pasan de simples conjeturas", aseveró en su día el representante del Ministerio Fiscal, que insistió en que "por el momento" no cabe llamar en calidad de investigados ni a Manuel Chaves ni a José Antonio Griñán en la macrocausa de la formación.

El fiscal no se oponía a la acumulación de la denuncia de los ex trabajadores de Delphi, que había recaído en el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla, siempre y cuando la asociación sólo fuese admitida en la causa como "acción popular", para lo cual considera procedente la imposición de una fianza.

El fiscal informa, por tanto, a favor de la acumulación a la investigación de la denuncia de los ex trabajadores de Delphi, si bien ponía como condición que "no se altere el objeto procesal de la misma, a saber, no sería objeto de la misma un supuesto engaño por representantes de la Administración andaluza a estos trabajadores con ofertas de puestos de trabajo". En este sentido, la Fiscalía recordaba que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya ha tenido la ocasión de analizar la naturaleza de los acuerdos celebrados con los representantes de trabajadores en este ámbito.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha dictado ahora un auto en el que accede a las pretensiones de la Fiscalía, acordando la acumulación de la denuncia de los ex trabajadores de Delphi en la pieza de Ángel Ojeda, si bien advierte que no es objeto de la presente causa “un supuesto engaño por representantes de la Administración andaluza a estos trabajadores con ofertas de puestos de trabajos. De hecho, el TSJA ya ha tenido la ocasión de analizar la naturaleza de los acuerdos celebrados con los representantes de los trabajadores en ese ámbito”, precisa la juez, que advierte de que “quedarán al margen cualquier cuestión suscitada con la prestación de prestaciones de desempleo por estos trabajadores”, otra de las condiciones que había puesto el Ministerio Público para acumular la denuncia.

La magistrada ha decidido asimismo que la asociación de ex trabajadores de Delphi tan sólo será admitida como “acción popular, al no considerarse perjudicada por la posible comisión de ilícito penal”, ya que entiende que incluso “podrían ser beneficiarios a título lucrativo del mismo”, sin perjuicio de lo cual admitiría la personación acusación popular, lo que conllevaría la prestación de fianza previamente, algo que los ex trabajadores no han hecho por el momento.

El Ministerio Público recordaba en su escrito que en esta pieza de Ojeda se investigan una serie de subvenciones concedidas de manera excepcional por la Administración andaluza y en las que se "simularon relaciones laborales inexistentes, permitiendo con ello de un lado reducir la conflictividad social en el área geográfica de la Bahía de Cádiz y, de otro, lograr que un grupo de trabajadores incluidos en un dispositivo singular, siguieran percibiendo un salario con cargo a las subvenciones, sin prestar efectivamente trabajo por cuenta ajena", lo que habría dado lugar a nuevas prestaciones por la Seguridad Social.

Para el fiscal, existen "serios indicios" de que esos contratos fueron simulados "de manera consciente por parte de la Administración andaluza, incluidos sus consejeros de Empleo que otorgaron las subvenciones", de lo que se desprende la comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

A ello había de unirse, proseguía Anticorrupción, la "depredación de esos fondos que realizó el entramado del investigado Ojeda, con el que, con relaciones jurídicas y entidades ficticias, simulaban las prestaciones de servicios que posteriormente justificaban ante la administración".

El fiscal concluía que el objeto procesal de la denuncia de los ex trabajadores de Delphi coincide con la investigación abierta en el juzgado de Bolaños, si bien advierte de que ni los anteriores trabajadores de la multinacional de automoción ni la asociación denunciante "son perjudicados del delito".