El sector de la telefonía móvil sigue copando las quejas de los consumidores en la provincia. Así se pone de manifiesto en el balance de la Junta Arbitral de Consumo que ayer presentó la responsable del área de la Diputación, Aurora Barbero, quien detalló que a lo largo de 2016 se presentaron 636 solicitudes, de las que 256 -un 40,4% del total- fueron casos de telefonía móvil, mientras que la telefonía fija, concentró 60 solicitudes, un 9,43%. Barbero explicó que "esta circunstancia es muy normal ya que vivimos en una sociedad donde la comunicación e información es fundamental y en la mayoría de los hogares se contrata telefonía fija, internet y varías líneas móviles". Detalló que las denuncias que se presentan corresponden "a contratos a distancia donde no queda bien detallado y documentado las condiciones del contrato, los servicios y las tarifas contratadas, produciendo con posterioridad reclamaciones al facturarse servicios y tarifas no contratadas".

Según Barbero, otro de los sectores más reclamados es el bancario y de seguros. A su juicio, "los consumidores se enfrentan a las entidades financieras y de seguros, principalmente por el cobro de comisiones excesivas, como es el caso de las comisiones por descubierto o de administración, la comercialización de productos de riesgo a clientes con un perfil inadecuado o la subida de las primas sin notificación previa". El número de solicitudes de arbitraje en el pequeño comercio también ha aumentado, tanto en la compra de nuevos productos como en la reparación de los mismos como calzado, los muebles, los electrodomésticos, los automóviles o la confección, entre otros. Según la diputada, este hecho se debe a que ahora el consumidor "es más activo" a la hora de defender sus derechos.

La delegada del área de Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial destacó que el número de solicitudes presentadas en la Junta Arbitral de Consumo ha registrado un aumento el año pasado del 3,45% respecto al ejercicio de 2015. De esas 636 solicitudes presentadas, 539 se han archivado, mientras que 97 siguen en activo y se espera que sea a lo largo del primer trimestre de 2017 cuando concluya su expediente. Indicó que este hecho se deba a que éstas solicitudes se presentaron a finales del año pasado. Barbero detalló que de los expedientes resueltos por la Junta Arbitral, el 61,35% se resolvieron por laudo arbitral, mientras que el 72% se desestimaron o se estimaron de manera parcial para el consumidor, principalmente en el sector de telecomunicaciones. El 38,65%, de las mismas se ha resuelto por mediación. Según la diputada, una de las prioridades de este servicio es conseguir "la mediación de las partes" antes de llegar al laudo.

Barbero también ofreció el balance de la actividad de la red provincial de los puntos de información al consumidor durante el año pasado, que contabilizaron 2.983 actuaciones, recordó que en 2016 el número de estos puntos pasó de 28 a 31 y anotó que esta red actúa en 51 municipios de la provincia. De las 2.983 actuaciones, continúo, se han atendido 1.483 consultas; 821 reclamaciones; 788 mediaciones, mientras que de los expedientes tramitados, se han derivado para resolverse a través del arbitraje un total de 231. Según Barbero, el 81,63% de las actuaciones han sido presenciales y el perfil del consumidor corresponde a un adulto de edad comprendida entre los 35 y 55 años; un 54,67 % han sido hombres y un 44,38%, mujeres.