"El clima está más crispado que otros años y, si no se toman las medidas adecuadas, en febrero vamos a tener problemas". Éste fue el mensaje alarmista que el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Zurera, lanzó ayer a la Subdelegación del Gobierno como argumento para exigir un plan especial de seguridad en el agro cordobés que contemple "más personal y más medios" contra los robos. Zurera estuvo acompañado en su comparecencia por el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Ignacio Fernández de Mesa; el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Miguel Cobos; la secretaria general provincial de La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Carmen Quintero, y el gerente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba, Joaquín García.

Todos fueron unánimes al llamar la atención sobre los problemas de seguridad en el campo, y ello pese a los esfuerzos -reconocieron- que está haciendo la Guardia Civil. El propio Zurera anunció que será el encargado de llevar el resultado de esta reunión al subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado.

Las cooperativas lamentan que la Justicia se muestra poco contundente

Aunque tanto los productores como la Administración autonómica asumieron que no tienen acceso a los datos oficiales sobre delincuencia, el delegado de Agricultura advirtió de que "se pueden dar circunstancias no deseables" si no se toman medidas de urgencia, porque hay "inquietud y desesperación" entre los productores. Fernández de Mesa, por su parte, dijo que "una cosa es la estadística oficial y otra la realidad del miedo". Y puso como ejemplo su caso particular: durante 2016 denunció dos sustracciones y un expolio. La reunión de ayer, en suma, fue "una llamada de atención a la autoridad competente", el Ministerio del Interior, insistió Zurera.

Fernández de Mesa lamentó "no sólo el perjuicio, sino la desmoralización que los robos causan en los agricultores" y propuso que la Guardia Civil solicite a todo vehículo sospechoso la guía Conduce, que recoge el origen y destino de los productos. "Es preciso que se sepa el origen de la aceituna que llega a una almazara y quién entrega el fruto", dijo Fernández de Mesa, quien puso como ejemplo la situación de la vecina Extremadura, con sanciones para quien no sea capaz de acreditar el origen de una carga cuando ésta supera los 60 kilos de fruto.

El secretario de UPA, Miguel Cobos, subrayó el esfuerzo que hacen los agricultores con guardería privada y reclamó un "plan especial de vigilancia y control". Cobos reconoció que el Instituto Armado, con los medios y el personal del que dispone, "hace un buen trabajo", pero advirtió de que la solución requiere de un "esfuerzo extra por parte del Ministerio del Interior".

En la misma idea insistió la secretaria de la COAG, Carmen Quintero, quien reivindicó que el control y vigilancia se extienda específicamente a los centros de compra y almazaras para evitar que los productos robados puedan venderse. "Sería una medida preventiva y muy eficaz para evitar que los agricultores sigan siendo víctimas de robos, sobre todo con los buenos precios que tenemos ahora", insistió.

El representante de las cooperativas, Joaquín García, criticó por último la escasa punidad que contempla el Código Penal contra el robo de productos agrarios, por lo que solicitó una modificación normativa para que aumenten las sanciones. García lamentó que los agentes "de forma reiterada capturan a los delincuentes, pero la Justicia difícilmente dicta alguna medida", por lo que reclamó "más contundencia".

Desde octubre, un dispositivo especial de la Guardia Civil trabaja contra sustracciones y otros delitos en el agro. Participa personal de Seguridad Ciudadana, los equipos Roca, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), uniformados a caballo de la Agrupación Rural de Seguridad, la unidad de Helicópteros y agentes adscritos a la Agrupación de Tráfico.