Provincia

La CTA acusa a la Fiscalía de no perseguir los delitos contra los jornaleros

  • El Ministerio Público archiva sendas denuncias contra empresarios de Montalbán y la Vega

José Parra y Francisco Moro, durante la comparecencia de ayer.

José Parra y Francisco Moro, durante la comparecencia de ayer. / RAFAEL A. BUTELO

El sindicato CTA en Córdoba acusó ayer a la Fiscalía de no perseguir los delitos contra los derechos de los trabajadores que, supuestamente, habrían cometido empresarios agrícolas de la provincia cuando no contratan legalmente, no dan de alta en la Seguridad Social los días que corresponden y tampoco pagan por su trabajo a jornaleros. Según la CTA, las denuncias presentadas en los últimos años no habrían recibido respuesta, otras veces la tramitación judicial se demora durante años o bien son archivadas.

Así lo expusieron ayer el secretario general y el secretario de Acción Sindical de CTA en Córdoba, Francisco Moro y José Parra, respectivamente, quienes llegaron a esta conclusión tras haber decretado la Fiscalía el archivo de las denuncias que ambos habían interpuesto para que se actuara penalmente contra un empresario que empleó entre septiembre de 2013 y enero de 2014 a medio centenar de jornaleras en la recolección del ajo, a las que dejó a deber salarios por un total de 80.000 euros.

Según la CTA, el empresario no acudió a acto de conciliación alguno ni al juicio celebrado contra él en el Juzgado de lo Social tras las denuncias presentadas por las jornaleras asesoradas por CTA, que ahora "esperan cobrar del Fogasa", que no del empresario, el dinero que éste les debe. Por ello, según explicó Moro, su sindicato entendió que la Fiscalía debía actuar contra este empresario como supuesto autor, "como poco, de apropiación indebida".

Sin embargo, la Fiscalía justifica el archivo de la denuncia de CTA contra el empresario en base a que "los hechos han sido objeto de conocimiento por parte del Juzgado de lo Social número cuatro" y, por tanto, "la ejecución de lo establecido en el fallo corresponde a dicha jurisdicción y nada de lo que se describe es constitutivo siquiera indiciariamente de infracción penal". Para los sindicalistas, en cambio, no tiene sentido este archivo, vistos los hechos, como tampoco lo tiene el que la Fiscalía haya archivado otra denuncia sobre presuntas prácticas irregulares en el Bajo Guadalquivir.

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