El caso Infraestructuras escribió ayer lunes, 12 de diciembre, uno de sus capítulos más destacados hasta el momento, uno con letras capitulares y titulares de apertura que, al menos desde el punto de vista político, supondrá un punto y aparte definitivo. El concejal del Ayuntamiento de Córdoba David Dorado fue detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a grupo criminal en relación a la investigación que trata de esclarecer supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos de obras menores.

El edil, junto a 12 empresarios, había sido llamado a declarar ayer lunes en la Comisaría de Campo Madre de Dios. Fuentes policiales informaron de que, al inicio de la comparecencia, le fue notificada su condición de detenido. Dorado se acogió a su derecho a no declarar, al alegar que ya había dado su versión en el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que investiga el caso. Acto seguido, fue puesto en libertad con cargos.

La misma suerte corrían los otros 12 imputados, a quienes los agentes de la UDEF acusan de constituir supuestamente un grupo criminal para el reparto de contratos menores en el Área de Infraestructuras. Pasado el mediodía, trascendía el titular: el arresto de los empresarios y del propio Dorado, exteniente de alcalde de Infraestructuras y ahora en el grupo de no adscritos. Su situación política se complica aún más, ya que tanto su expartido, Ciudadanos, como el PP le han solicitado abiertamente que entregue el acta de concejal; Dorado, hasta el momento, ha guardado silencio.

El pasado 9 de noviembre, ante el juez José Luis Rodríguez Lainz, sí defendía que “todo es legal” y que “no hay nada” en cuanto a la adjudicación de contratos menores de obras en dicha área en 2020, al tiempo que aseveró que “todos los expedientes están completos” y que “todo se ha hecho conforme a los procedimientos legales”. Además, confiaba en que fuera ya “la recta final y un cambio de ciclo, porque todavía hay cosas en la Justicia pendiente”, tras denunciar él una segunda causa, que consta en el Juzgado de Instrucción número 2. Lo que no predecía es que él mismo iba a pasar de testigo a investigado.

El PP exige que entregue el acta de concejal

Conforme pasaron las horas y aumentó el ruido mediático, las reacciones políticas fueron en aumento. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, lamentó que “el todavía concejal haya menoscabado y defraudado la confianza que los cordobeses depositaron en él y en su partido, Ciudadanos, tras ser detenido e imputarle cargos por presuntas actuaciones ilegales”.

“David Dorado no puede seguir ni un minuto más siendo concejal de la Corporación, por la dignidad del Ayuntamiento de la ciudad”, sostuvo Torrico, quien incidió en que “la responsabilidad de los hechos investigados recae en personas concretas vinculadas a una determinada área de gestión municipal, personas que tuvieron responsabilidades de gestión y personas que pertenecen al ámbito privado”. En este sentido, recordó que estos nombres “ya no ocupan ningún cargo de responsabilidad porque, desde hace más de un año, fueron apartados por el alcalde desde el momento en que hubo una mínima sombra de sospecha sobre su gestión”.

Finalmente, Torrico reprochó a Dorado “la cortina de humo del último año queriendo expandir una mancha que solamente se centraba en su delegación durante su período y reivindicamos el cese de hace más de un año y el haber actuado con contundencia ante las dudas que desgraciadamente siguen sobre la mesa”.También en Cs, su antiguo partido, pidieron a Dorado que renuncie a su acta como concejal “por respeto a los cordobeses”.

“Desde el primer día en que hubo sombra de duda sobre actuaciones presuntamente ilegales en el área de Infraestructuras, este equipo de gobierno ha aplicado todos los mecanismos a nuestro alcance para aclarar todo lo sucedido”, defendió la formación naranja, que insistió en que Dorado ya no forma parte de las filas de la formación ni del equipo del cogobierno desde el pasado agosto. “No nos tembló el pulso cuando al inicio de la investigación se optó por apartarlo de su responsabilidad en un ejercicio de máxima transparencia por nuestra parte y en aras a una total colaboración con la Justicia”, incidieron.

Reproches de la oposición al alcalde

La oposición fue unánime al exigir al alcalde, José María Bellido, que asuma responsabilidades y ponga orden. “Se demuestra que el caso Infraestructuras es un caso político. Lo venimos diciendo desde hace meses: no es un caso técnico como nos quería hacer ver el señor Bellido. Él ha intentando dar una patada hacia adelante y obviar que era un caso político, pero no le ha salido la jugada. Con la declaración de David Dorado y su posterior detención, está más claro que nunca que la responsabilidad es del alcalde y de su cogobierno”, señaló el portavoz del PSOE, José Antonio Romero.

Por su parte, el portavoz de IU, Pedro García, lamentó que el Consistorio “esté involucrado en un caso de corrupción tan gravísimo”, y denunció que “durante muchísimo tiempo la Alcaldía, el equipo de gobierno del PP y Cs y el propio han querido mirar para otro lado a sabiendas de que lo que estábamos denunciando era una realidad”.

Mientras, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, insistió en que “es absolutamente vergonzoso y lamentable lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento”, y recordó que la denuncia primigenia de IU y Podemos “era solo la punta del iceberg”.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, aseguró por último que “aún queda mucha tela que cortar” y advirtió de que “pueden existir más irregularidades en otras delegaciones”, por lo que exigió al alcalde que “deje de mirar para otro lado”. “En la historia de la democracia en Córdoba no ha habido ningún concejal detenido. Es muy gordo que la ciudad esté en todos los telediarios, sentimos verdadera vergüenza”, expresó Badanelli.