Continúa la cuenta atrás para el primer derribo de una parcela ilegal en la provincia. Fuentes del Juzgado de lo Penal número 1 confirmaron ayer que los preparativos para echar abajo los cinco chalés de Obejo construidos sin licencia continúan adelante, a pesar de que los propietarios hayan presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 es firme desde el pasado 27 de febrero, cuando la resolución fue ratificada por la Audiencia Provincial.

Los hechos se remontan al año 2004. La sentencia considera probado que el acusado -F. O. R.- construyó cinco casas y una piscina de "generosas dimensiones" en una parcela de su propiedad a pesar de que en reiteradas ocasiones fue advertido por la Policía Local de la ilegalidad de la obra. Desobedeció, además, un decreto del Ayuntamiento obejeño en el que se le ordenaba la inmediata suspensión de la construcción porque los terrenos no eran urbanizables y tampoco eran susceptibles de legalización. En un primer momento, el Consistorio se personó como acusación, pero cuando el procedimiento empezó a tomar cuerpo decidió dejar el asunto en manos de la Fiscalía.

La sentencia concluía que la conducta de F. O. R. no respondía a un "acto aislado", sino a una actitud "contumaz", pues tuvo conocimiento de la ilegalidad de su proceder porque "sabe leer y no posee ninguna tara psíquica que afecte a su capacidad para entender". A pesar de esto, continuó con la edificación. Fuentes judiciales explicaron ayer que sólo una resolución urgente del Constitucional podría paralizar el derribo; la otra posibilidad sería que el Ayuntamiento de Obejo decidiera regularizar ahora las viviendas, un procedimiento que no podría completarse en un día. En los últimos meses, F. O. R. ha intentado en varias ocasiones paralizar el derribo, sin éxito. Hace un mes, remitió un documento al Juzgado de lo Penal informando de que las viviendas estaban en proceso de regularización, pero tanto la Delegación de Obras Públicas como el Ayuntamiento de Obejo desmintieron tal información. En las últimas semanas, al caso se han sumado los presuntos propietarios de las viviendas, varios individuos a los que el condenado no mencionó durante los tres años de procedimiento.

Un amplio despliegue de seguridad estará presente en el derribo, que está previsto que la Delegación de Obras Públicas ejecute mañana miércoles. Los agentes están autorizados a entrar en las viviendas y desalojarlas en el caso de que los supuestos propietarios decidan atrincherarse.