Desde que el 25 de junio de 2015, hace justo un año, la nueva corporación provincial resultante de las elecciones municipales tomó posesión, el cogobierno que componen PSOE e IU se ha esforzado por mantener un difícil equilibrio entre la seguridad que da poseer mayoría en el plenario, la búsqueda de la unanimidad de los grupos para los asuntos importantes y la asimilación de las propuestas de las nuevas formaciones (Ciudadanos y la agrupación de electores Ganemos), empeñadas en insuflar aires nuevos a una institución puesta permanentemente en duda. Las elecciones municipales de mayo de 2015 expulsaron al PP del gobierno de la Diputación de Córdoba tras sólo cuatro años de gestión y devolvieron el Palacio de la Merced a manos del PSOE, donde siempre había estado.

El alcalde de Rute, Antonio Ruiz, secretario de Organización del PSOE de Córdoba y mano derecha del presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, sonaba desde el principio en todas las quinielas como candidato a presidir la institución, como luego ocurrió. Ruiz se rodeó de concejales y alcaldes con reconocida experiencia, como el palmeño Salvador Blanco; diputados que habían estado presentes en el anterior mandato, con el PSOE en la oposición, como la pontanesa Ana María Carrillo, y ediles jóvenes que suponían una apuesta por la regeneración no sólo dentro del partido, sino también en la institución, como la concejala de Castro del Río Carmen María Gómez, responsable del área de Turismo, o el edil de Juventud y Deportes, Martín Torralbo, de Cañete de las Torres. Ruiz unía así experiencia y juventud en un equipo que, en este primer año, pese a las críticas, ha conseguido sacar adelante los principales programas de la Diputación por unanimidad y en tiempo.

El ejemplo más claro fue la aprobación el 22 de diciembre del presupuesto de 2016 con una unanimidad histórica en la casa palacio. El área que dirige Salvador Blanco logró aprobar con solvencia unas cuentas de 217,59 millones de euros, un 4,92% más que en el año anterior, mientras que la partida consolidada -la que incluye a todas las empresas y organismos autónomos adscritos a la institución- alcanzó los 284,9 millones, un 3,74% más respecto al pasado ejercicio. La Diputación de Córdoba duplicó así la partida destinada al Plan Provincial de Cooperación con los Municipios para los próximos cuatro años, hasta llegar a los 29 millones de euros, de los que 7.250.000 euros corresponden al ejercicio 2016. El cogobierno aceptó 14 de las 16 propuestas del PP y las medidas defendidas por Ganemos.

Este primer año de mandato, sin embargo, también ha dejado puntos negros en la gestión, el principal, referido al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, que preside el mismo Ruiz. El detonante de la polémica fue la subida salarial de la que disfruta el actual gerente, Juan Carandell, respecto a su predecesor. La plataforma sindical constituida por CSIF, CCOO y el sindicato independiente Sibcc se organizó a finales de febrero ante la acusación al cogobierno de aprobar estos emolumentos, que suponen un aumento de 15.000 euros respecto a lo que el anterior responsable del ente cobraba, y anunciaron una serie de movilizaciones que todavía no han cesado. De trasfondo, subyace la congelación de las nóminas de los aproximadamente 200 trabajadores del Consorcio desde que estalló la crisis. Si a ello se acompaña el escaso talante negociador que denuncian los sindicatos, con la imposición por decreto de los cuadrantes de descansos cuando hasta ahora se habían acordado entre las partes, y el corporativismo que desde siempre ha imperado entre los bomberos, las protestas venideras son una crónica ya anunciada.

Tal fue la polémica generada que la oposición forzó la comparecencia en el Pleno de la vicepresidenta del Consorcio, María Dolores Amo, el pasado 19 de abril. Pese a la profusión de datos que aportó la también diputada provincial de Protección Civil, el PP y la plataforma sindical han mantenido sus críticas y la paz social continúa rota.

Y es que la política de personal va camino de convertirse en el talón de Aquiles de la corporación, como lo evidencia también la negociación del nuevo convenio colectivo, que ya ha generado crispación entre los trabajadores, sobre todo entre la plantilla del centro de disminuidos de Alcolea. Entre las medidas que el cogobierno baraja introducir se encuentran una nueva regulación de los días festivos, los asuntos propios o los permisos por enfermedad o accidente de familiar. Algunas de estas propuetas, que aún no se han consensuado, implicarían modificar el primer acuerdo marco de la institución provincial, aprobado en el año 1987. La polémica está servida.

IU, con tres diputados provinciales, constituye la segunda pata del cogobierno y ha aportado, hasta el momento, la estabilidad que la corporación necesita para sacar sus proyectos adelante. La relación PSOE-IU, durante este primer año, no ha dado señales de fisura. Todo lo contrario. El portavoz de la coalición de izquierdas, Francisco Ángel Sánchez, no ha dudado en apoyar la gestión del PSOE cuando le ha salpicado alguna polémica, como ocurrió durante el debate de los Planes Provinciales, cuando el diputado de Cooperación con los Municipios, Maximiano Izquierdo, fue objeto de enconadas críticas por parte del PP.

Tal ha sido el respaldo de IU al PSOE que éste puede convertirse, de hecho, en el principal problema ante los suyos. Ya surgieron voces críticas entre alcaldes de la coalición cuando la dirección de la formación decidió respaldar la investidura de Ruiz a cambio de las áreas de Agricultura y Caminos Rurales, Cultura e Igualdad y Cooperación Internacional, pues algunos lo consideraron insuficiente. En las semanas posteriores a la toma de posesión, también generó controversia que IU respaldara algunos proyectos herencia de la anterior corporación, del PP, como el programa Aurora de inserción laboral de mujeres en el ámbito rural, muy contestado por sus anteriores compañeros en el palacio de la Merced.

Con todo, IU ha empezado a dejar su impronta en sus áreas de gestión. El ejemplo más claro hasta el momento ha sido el programa de rehabilitación de inmuebles históricos de titularidad municipal, puesto en marcha por Cultura. Por primera vez en su historia, la Diputación sacaba adelante un plan específico para la restauración de este tipo de edificios, lo que significó un distanciamiento respecto a la anterior etapa, en la que el PP financió numerosas restauraciones de iglesias y bienes titularidad del Obispado y de las hermandades de la provincia. No sin polémica, pues algunas voces vieron un sentimiento anticlerical y contra la Semana Santa en este programa. Y si IU ha motrado su apoyo al PSOE en los momentos más difíciles, en este caso los socialistas respaldaron la gestión de la diputada del ramo, Marisa Ruz, que ya ha puesto en marcha el segundo programa de este tipo en lo que va de mandato.

Dentro de la austeridad aún reinante en las instituciones por los problemas de financiación, el cogobierno ha querido distanciarse de la anterior etapa popular con un incremento generalizado de las partidas destinadas a los distintos programas de obras. Y no sólo eso. Hace unas semanas, el presidente anunciaba la puesta en marcha del denominado Plan Impulso, orientado a relanzar con mayor potencia los sectores productivos y de servicios de la provincia con una inversión global de unos 200 millones de euros en cuatro años, con los que Ruiz calculó que se generarán 5.000 puestos de empleo directos y 7.600 indirectos.

Se trata de un programa muy ambicioso que, por primera vez desde que estalló la crisis, aborda la provincia como un todo y planea un futuro común para todos los municipios, más allá de las iniciativas por áreas habituales en esta administración. Queda por ver cómo se desarrollará, qué efectos tendrá a pie de calle y, sobre todo, si no se trata de una promesa propia de un periodo electoral que ya dura meses.

Economía. Menos ferias 

Uno de las primeras trifulcas entre el nuevo cogobierno y el grupo del PP se produjo al inicio del mandato tras hacerse público que PSOE-IU no tenían previsto celebrar el gran número de ferias heredadas del anterior mandato. Continuarán Intercaza y Fimart y regresará la Feria de las Municipios.

Participación. Consejo de Alcaldes

En su afán por aumentar la participación de los municipios en este nuevo periodo, el cogobierno ha puesto ya en marcha el Consejo de Alcaldes, un órgano consultivo cuya creación no ha estado exenta de polémica. Desde el principio, el PP defendió la convocatoria de una asamblea en la que estuvieran presentes todos los regidores, lo que fue rechazado de plano por el cogobierno al entender que se trataría de un órgano poco operativo. Finalmente, son 20 los integrantes. 

Desarrollo. Empuje a los CIE

Desarrollo Económico ha puesto en marcha un plan director para dar contenido a la red de ocho centros de iniciativa empresarial (CIE), actualmente infrautilizados. Se sitúan en Villafranca, Villanueva de Córdoba, Montoro, Priego, Posadas, Luque, Peñarroya-Pueblonuevo y La Rambla.

Patrimonio. Bienes municipales

El programa de rehabilitación de patrimonio histórico para bienes de titularidad de los ayuntamientos de la provincia ha financiado obras de urgencia en un total de 13 municipios, que se repartieron 250.000 euros. El Palacio Ducal de Fernán Núñez, el Castillo de Aguilar de la Frontera, el recinto amurallado de Carcabuey, el Castillo de Castro del Río, la zona monumental de Iznájar, el puente de San Juan de Dos Torres o el de Benamejí fueron algunos de los bienes seleccionados.

Tradiciones. Provincia taurina

La presentación de una moción por parte de Ganemos para declarar a Córdoba provincia libre de circos con animales generó una enorme controversia al centrarse el debate entre los partidarios de la tauromaquia y los contrarios a la llamada Fiesta Nacional. Finalmente, con el voto en contra del PSOE, el PP y Ciudadanos, la proposición fue rechazada para júbilo de los taurinos que llenaron el salón de plenos. El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, subrayó que la institución provincial mantendrá su apoyo a los festejos taurinos, como lo ha hecho hasta ahora. 

Recibos. Subida del agua

El cogobierno aprobó, con el respaldo de Ganemos, la modificación de las ordenanzas fiscales relativas al abastecimiento del agua para el presente ejercicio 2016, con una subida del 1%. Este incremento del recibo le supondrá a la sociedad un ingreso extra de 227.000 euros, que se utilizará para crear un fondo social con el que asumir los impagos de las familias sin recursos.

Publicaciones. Consejo asesor

El último rifirrafe entre el cogobierno y el PP se produjo en el Pleno de junio a propósito de la creación de un consejo asesor que a partir de ahora dará el visto bueno a las publicaciones que imprimirá la Diputación. El PP lo consideró un consejo censor. Entre los expertos que participan, se encuentra el bibliófilo Manuel Ruiz Luque, Medalla de Oro de Andalucía.

Turismo. Nuevas rutas

La promoción de la provincia es otro de los empeños del nuevo cogobierno, que ya ha esbozado dos nuevas rutas turísticas. La primera recorrerá los lugares relacionados con el Inca Garcilaso de la Vega, de quien este año se ha cumplido el IV centenario de su muerte, y la segunda reivindica los sitios de la batalla de Munda.

Vivienda. Adiós a Provicosa 

Este primer año de mandato de PSOE-IU ha visto la desaparición de la empresa pública de promoción de viviendas Provicosa, casi sin actividad en la última etapa y que ha sido sustituida por una Unidad de la Vivienda. Otra oficina asistirá a las familias desahuciadas y promoverá su realojo.

Personal. Bomberos

El conflicto con los sindicatos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios está lejos de solucionarse, y los bomberos han anunciado nuevos actos de protesta.