El alcalde de Posadas, Emilio Martínez (PSOE), está dispuesto a someterse a una cuestión de confianza si así lo reclama la oposición. El regidor abrió la puerta a esta posibilidad en el Pleno ordinario del mes de abril, celebrado el miércoles por la noche, después de que el PP lo planteara. El PSOE, con cinco concejales, está en minoría frente a la oposición -el PP tiene cinco ediles, uno el PA, uno IU, más una concejala no adscrita- tras expulsar a los dos integrantes de la coalición de izquierdas con los que formaba cogobierno después de que uno de ellos grabara de manera irregular varias conversaciones en el Consistorio para enturbiar la gestión de su compañera de bancada, que se fue al grupo de no adscritos.

Durante la pasada sesión plenaria, Martínez quiso recabar el pronunciamiento del resto de la oposición después de que el PP abriera el melón, aunque los grupos optaron por guardar silencio durante el debate. El regidor explicó que esperará a saber la opinión del resto de los ediles para tomar una decisión y, en el caso de que haya una mayoría amplia, se someterá a este procedimiento. "La intención del PP es que se produzca un cambio de gobierno", asumió el regidor, quien no obstante advirtió de que al principal partido de la oposición no le salen las cuentas para plantear una moción de censura, que de salir adelante se saldaría con su salida de la Alcaldía, pues la Ley Antitransfuguismo impediría participar a la edil no adscrita.

La alternativa es la cuestión de confianza, un instrumento político utilizado por el alcalde, quien la plantea ante el Pleno vinculada a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales o el reglamento orgánico. Es requisito previo que el acuerdo correspondiente haya sido debatido sin obtener la mayoría para su aprobación. Si la mayoría simple vota a favor, se considerará otorgada la confianza; de lo contrario, el alcalde debe presentar su dimisión.

En el último Pleno, el primer edil ya vio frustrada la intención de otorgar media liberación a un concejal del equipo de gobierno tras retirarle el sueldo a sus excompañeros de gobierno como consecuencia de la polémica de las grabaciones irregulares. La controversia surgió hace un mes al hacerse público que el propio secretario municipal había presentado una denuncia ante la Agencia Nacional de Protección de Datos al conocer que había sido grabado por el exprimer teniente de alcalde, Daniel García, de IU. El mismo concejal también habría grabado una junta de gobierno local para luego difundirla entre militantes de la coalición con el fin supuestamente de desacreditar a su compañera de partido. El escándalo terminó con los dos ediles expulsados del gobierno y con el PSOE en minoría.

Sí aprobó el Pleno de abril por unanimidad la solicitud de obras al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), con un presupuesto global de 357.000 euros. El PSOE también se comprometió a poner en marcha una comisión de seguimiento para que todos los grupos puedan fiscalizar estas intervenciones. El alcalde explicó que este plan permitirá acondicionar las calles Gaitán, Mesones, Poeta Gabriel Celaya y la vía del Emigrante, aparte de mejorar el entorno del polideportivo municipal. Este programa permite realizar contratos temporales de 15 días y un mes, dando preferencia a desempleados del régimen agrario.