El Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha puesto en marcha un plan para la regularización de viviendas sociales debido a la situación de falta de control sobre las mismas, así como el impago de algunas rentas, que han causado unas pérdidas al Consistorio por más de 100.000 euros. La alcaldesa del municipio, María Luisa Ceballos (PP), informó de que al comenzar este nuevo mandato se encontró "un gran problema con la vivienda social en Priego", principalmente porque el registro municipal no tenía apenas demanda, "cuando en la mayoría de las ciudades la reclamaciones eran muchas", recalcó. Así, la empresa adjudicataria para construir viviendas en el Camino Alto desistió en su momento "al no existir inscripciones de demanda de vivienda" y "tuvimos que ponernos al día para saber que estaba pasando", precisó la dirigente.

Según comunicó Ceballos el Ayuntamiento de Priego dispone de 24 viviendas sociales en la zona de La Atarazana, propiedad del Consistorio, además de otros bloques propiedad de Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) en régimen de alquiler, situadas en diferentes zonas del municipio, de las que dicha empresa reclamaba de forma continúa al Consistorio por no adjudicarlas.

Ceballos manifestó que los contratos de esas viviendas, propiedad del Ayuntamiento se firmaron en el año 2000 y que actualmente no estaban regularizadas, llegando incluso en la mayoría de los casos "a no pagar la renta de diez años", por lo que el Ayuntamiento prieguense ha dejado de percibir unos 100.000 euros en concepto de alquiler. Ceballos manifestó que estos alquileres rondaban de 35 a 50 euros a mes y además, en algunos casos, habían entrado a las viviendas diferentes personas "que ni siquiera se sabía quien estaba viviendo allí".

La regidora añadió que en el anterior mandato existía una empresa que se dedicaba a cobrar los recibos de dichos alquileres, Revicor, que manifestó al Ayuntamiento en un determinado momento "la extinción de la misma" y "a pesar de esta comunicación no se hizo nada por parte del Consistorio en aquel momento para seguir cobrando".

Así, por parte del actual equipo de gobierno del PP se ha averiguado cuántas viviendas existen y cuántas se encuentran regularizadas y sé comunicó a los vecinos de La Atarazana la situación para que se personarán el Ayuntamiento y "proceder a la regularización estimada". Ceballos informó que hasta el momento se han firmado 20 de los 24 contratos de viviendas sociales del Consistorio, donde además de la regularización se ha firmado el reconocimiento de la deuda existente en la mayoría de los casos de los últimos diez años. Ceballos añadió que se pactará en el próximo mes una medida para que dichos inquilinos paguen la deuda alcanzadas con el Consistorio, que en algunos casos alcanza entre los 4.000 o los 8.000 euros.

La alcaldesa manifestó que el siguiente paso es cubrir el vacío de las viviendas existentes tanto por parte municipal como por parte de EPSA, para lo que se ha pedido a los vecinos la inscripción en el registro municipal de vivienda. "Hasta el momento tenemos 50 personas inscritas que hayan sido baremadas" para cumplir el decreto de la Junta de Andalucía, dijo al alcaldesa prieguense, quien recalcó que se va a constituir una comisión técnica de vivienda, que ha estado trabajando en distribución de las mismas así como en la baremación. Dicha comisión cuenta con una asesora jurídica, así como un representante técnico del registro de vivienda correspondiente a Urbanismo y trabajadores sociales correspondientes a Bienestar Social. Ésta comisión se llevará a pleno "para que pueda tener una continuidad en el tiempo y pueda adjudicar y baremar aquellas viviendas que se queden vacías de forma continuada". La alcaldesa manifestó su satisfacción por haber podido regularizar "una situación tan compleja", así como porque "nuestro municipio tenga todavía la oportunidad de ofrecer una vivienda a vecinos que sufren precariedades". También recalcó que esperan que no se llegué nunca más a "esta situación de parón absoluto". Así, animó a todos los vecinos a que se inscriban en el registro de demandantes de viviendas, "porque tenemos que reiterar que tenemos una empresa adjudicataria para construir viviendas de VPO, que hasta que no tenga suficientes demandas no se llevará a cabo", puntualizó.