Covap quiere sacudirse de encima cuando antes la polémica de la detención de su exdirector general, Miguel Ángel Díaz Yubero, y de la imputación de 18 miembros de sus dos últimos consejos rectores porque entiende que la cooperativa es una "víctima" de unas acciones "muy concretas" y determinadas llevadas a cabo "por dos exempleados que realizaron una gestión desleal y oculta al consejo rector y que han perjudicado económicamente" a la sociedad, según señaló ayer la misma en un comunicado. Aunque Covap no cita sus nombres directamente, fuentes de Covap señalaron que se acusa a Miguel Ángel Díaz Yubero y al exdirector de la sección de crédito de la cooperativa, Vicente Gómez, que fue despedido el año pasado, por las irregularidades cometidas y que ahora son objeto de una investigación de la Guardia Civil por la comisión de un presunto delito societario. Y es que la cooperativa insistió ayer en que desde un principio se ha determinado la investigación de las irregularidades, una iniciativa aprobada en la última asamblea, lo que significa que en cuanto tuvo conocimiento de los hechos tomó las medidas necesarias y despidió a los dos directivos citados como presuntos responsables. Además, tras ello, Covap recuerda que se informó puntualmente a la asamblea en 2011, "acordándose las acciones legales oportunas".

Pero los despidos de Gómez y de Díaz Yubero fueron muy distintos. El primero fue relevado hace un año, cuando se conocieron las presuntas irregularidades cometidas en el visto bueno de la cooperativa a cinco pagarés valorados en 140.000 euros cada uno destinados a la compraventa de una gasolinera y de otras actuaciones financieras de la empresa Transpival, que prestaba servicio de transporte a la cooperativa hasta que cesó su actividad a primeros de este año y cuyo administrador, Juan Manuel Ble, adquirió la citada estación de servicio por 700.000 euros. El despido de Díaz Yubero era más complicado porque éste se había convertido en el centro de las decisiones ejecutivas de la compañía. Díaz Yubero, hombre de carisma, fue uno de cerebros de la transformación de la empresa y la cara más visible de Covap hacia otras grandes compañías, hacia las instituciones e incluso hacia la prensa. Fuentes de la sociedad con sede en Pozoblanco explicaron ayer a El Día que a la cúpula societaria de Covap, una vez conocidas las presuntas irregularidades, le resultaba complicado quitarse de en medio a Díaz Yubero porque esa carga de imagen hacía casi imposible una salida abrupta de la empresa. Por eso los tiempos se dilataron y por eso se esperó hasta mediados de este año.

Covap se ha personado ahora, según explicó ayer en un comunicado, en el procedimiento penal como "víctima, perjudicada y acusación, defendiendo tanto sus propios intereses como Cooperativa como los de los socios a los que representa".

La investigación contra Díaz Yubero y los miembros del consejo rector se inició por la llegada de un anónimo a la Guardia Civil en la que se informaba sobre una operación de compraventa de la gasolinera situada en la carretera que une Pozoblanco con Villanueva de Córdoba, para la cual se utilizaron pagarés conformados por la cooperativa. La Guardia Civil informó el miércoles que decidió abrir una investigación sobre el caso tras analizar la "numerosa" documentación recibida y apreciar en la misma posibles indicios de la comisión de presuntos delitos societarios por parte del exdirector general, único detenido y actualmente en libertad, y el resto de los imputados, todos ellos miembros y exmiembros del consejo rector de la citada entidad y a los que se les ha tomado declaración.

Con el avance de la investigación, la Guardia Civil, según informó, "ha podido apreciar que se habían cometido irregularidades en la concesión de operaciones crediticias por importe aproximado de 13 millones en el que resultaron beneficiadas varias personas jurídicas". Las citadas operaciones crediticias, que eran préstamos con garantías hipotecarias, se realizaron entre los años 2003 y mayo de 2011.

13