El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, ha explicado que la liquidación de las nuevas tasas se practicará una vez que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publique "en las próximas semanas" una orden que regule el procedimiento y los impresos de autoliquidación. "La ley de tasas judiciales entra en vigor al día siguiente de su publicación, sin perjuicio de lo cual la liquidación práctica de las tasas no se podrá practicar hasta que se publique, tal y como prevé la propia ley en su artículo 9, una orden por parte del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que regule el procedimiento y los impresos de autoliquidación", ha afirmado el subsecretario en la sede del departamento ministerial.

El subsecretario ha hecho referencia así al artículo 9 de la nueva ley de tasas, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge que "por orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se regularán los procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa". El Ministerio de Justicia comunicará la retraso a todos los secretarios judiciales para que "no se practique ninguna liquidación porque es lo que la ley prevé desde el primer momento".

Subidas

La nueva ley de tasas judiciales, que entra en vigor este jueves, fue tramitada con el cáracter de urgencia ante las Cortes Generales, salió adelante la jornada de la huelga general con los votos en solitario del PP en el Senado. Las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. En fase de apelación se deberá pagar 800 euros en ambos órdenes. Lo Social contempla un coste de 500 euros en suplicación y de 750 en casación ante el Supremo.

El Congreso modificó levemente el proyecto original al eximir a los trabajadores del pago del 60% de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en lo Social. Además, se liberó del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros. Un procedimiento abreviado costará 200 euros y uno ordinario llegará a 350 euros en lo Contencioso. En el orden jurisdiccional Civil, la tasa es de 150 euros para un procedimiento verbal y cambiario, 300 euros para un proceso ordinario, 100 euros en un monitorio europeo y una demanda incidental en el proceso concursal, y 200 euros en un concurso necesario.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, puso este martes algunos ejemplos prácticos de la nueva tasa. Según dijo, una víctima de un accidente de tráfico que quede tetrapléjica necesitará 6.050 euros para reclamar una indemnización, otros 6.650 si tiene que presentar recurso de apelación y casi 7.000 si tiene que llegar a la casación. "Es una verdadera barbaridad", clamó. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido que las tasas están "plenamente justificadas", son plenamente constitucionales y tienen el objetivo de racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y financiar el sistema de Justicia Gratuita.

Exenciones

Las tasas alcanzan ahora no sólo a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas. Están exentos del pago quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y sean beneficiarios de la Justicia Gratuita, al igual que el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.  El nuevo marco de la tasa parte, por un lado, de que su gestión económica corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por otro, tiene en cuenta la puesta en marcha de la Oficina Judicial y las competencias del secretario judicial, que "comprobará en cada caso si efectivamente se ha producido el pago de la tasa, previéndose para el caso de que no se haya efectuado que no dé curso a la actuación procesal que se solicite", según la ley.

La publicación de la norma ha sido recibida con lazos negros en los perfiles de los usuarios de Twitter y los hashtag de #LazoNegroPorLasTasasJudiciales y  #stoptasasjudiciales en la red social. La imagen del lazo negro ha sido incorporada a los perfiles de la asociación de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. "Mal día para la Justicia. Y para todos", "Esto va a ser un desastre. Si no tienes dinero no tienes derecho", "¡Ya se publicaron!#graciasgallardón por dar muerte a los principios fundamentales de lo que se llamaba justicia", son algunos de los comentarios de los internautas.