La empresa municipal Vimcorsa avisará a partir de la semana que viene a los propietarios de parcelas inundadas que están recibiendo una ayuda al realojo que se acaban los pagos. La razón se encuentra en que han pasado ya los dos meses de prórroga que se concedieron a finales del mes de diciembre con el objetivo de convertir en definitivas las primeras subvenciones provisionales que estaban en marcha para paliar las situaciones de urgencia creadas a raíz de los dos episodios de crecida del Guadalquivir que tuvieron lugar a lo largo del año 2010, durante los meses de febrero y el puente de la Inmaculada, en el mes de diciembre del pasado año, y que se cebaron fundamentalmente con las parcelaciones ubicadas entre el aeropuerto y el cauce del río.

La clave de este asunto es que el plan ideado por el Ayuntamiento para demoler las viviendas no han encontrado eco entre los afectados. Entre las condiciones que se pusieron en su día para conceder una ayuda de largo recorrido, según el acuerdo alcanzado a finales del mes de diciembre en el consejo de administración de Vimcorsa, estaba que el propietario de la parcela afectada pidiera la visita de los funcionarios de la Gerencia e instara la declaración de ruina, procediendo a la demolición de las casas. Nadie ha estado dispuesto a dar ese paso, según reconocen las fuentes consultadas en el Consistorio.

Vimcorsa aprobó un pliego, en un consejo presidido por el alcalde, Andrés Ocaña, en el que se establecía el pago del 50% de la vivienda donde estuviera realojada la familia afectada por dos años prorrogables, en función de las disponibilidades de la empresa municipal. Mientras tanto, se establecía un periodo transitorio para que los propietarios realizasen las gestiones para demoler sus casas, condición sine qua non para percibir ese dinero. Ninguna familia ha iniciado siquiera esos trámites y en el Ayuntamiento se es tremendamente pesimista con la posibilidad de que nadie llegue a engancharse a un plan de ayudas que, desde sus inicios, tenía unos objetivos muy limitados.

Según los datos que se dieron en ese consejo de administración, 12 familias venían percibiendo la subvención desde la riada del mes de febrero de 2010. En la de diciembre se registraron 30 solicitudes de familias interesadas. Sin embargo, la ayuda provisional sólo se llegó a conceder a nueva familias más que eran las que habían conseguido un piso con las condiciones de renta establecidas por la empresa pública. Las 21 familias que están recibiendo el dinero recibirán una carta con la comunicación de que se agota el plazo y que dejarán de recibir el dinero municipal.

Desde que se conocieron las condiciones del plan municipal de ayudas, en la zona de las parcelaciones se aseguraba que las condiciones eran insuficientes como para que un propietario de una vivienda decidiera derribarla. Vimcorsa llegó a preparar un plan para financiar incluso el 90% del coste de las demoliciones de forma que éste no fuera un problema aunque finalmente esta iniciativa fue cortocircuitada desde el ámbito político, donde no existía unanimidad al respecto. Los propietarios aseguraban que lo único que se les garantizaba era la mitad de un alquiler durante dos años y que a cambio se les exigía la demolición de la vivienda. En esas condiciones, algunos de los propietarios preferían esperar y ver si podían volver a habitar sus casas puesto que en la zona se da por hecho que los precintos ordenados acabarán por levantarse o, en su caso, vulnerarse.

El Consistorio llegó a plantearse una medida más radical como era el realojo directo en viviendas propiedad de la empresa. Para ello, es necesario modificar la regulación del registro de demandantes, para que recoja la casuística de los afectados por realojos en estas condiciones y que, en cualquier caso, exigiría de que la parcela no pudiera habitarse o se demoliera. Vimcorsa reclamó a la Junta una modificación de la normativa aprovechando la redacción del reglamento autonómico. La directora general de Vivienda, Victoria Fernández, aseguró que este tipo de cambios pueden hallar acomodo en un cambio de la ordenanza municipal que regula el procedimiento de asignación de pisos de protección oficial.

El acuerdo adoptado en su momento por Vimcorsa expresaba que la finalidad de la medida era la entrega directa, sin sorteo o baremación, de las solicitudes de las familias realojadas. Dicha modificación no ha sido sometida a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, competente para autorizarla.