Una madre se sentará el jueves de la próxima semana en el banquillo por un presunto delito de violencia psíquica y física habitual cometido supuestamente contra sus tres hijos, todos menores de edad. La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita para la mujer dos años de prisión y la prohibición de aproximarse en un radio de 500 metros a los menores. Los hechos se produjeron entre 2005 y febrero de 2008, periodo en el que -según el fiscal- la acusada -M. P. S. D.- "ha mantenido una actitud de constante agresividad con sus tres pequeños".

Este comportamiento, según el informe acusatorio, se tradujo en continuos gritos e insultos; ante cualquier travesura, además, "procedía a pegarles con mucha frecuencia", llegando en una ocasión a darle correazos a uno de ellos, ocasionándole "numerosas señales" que intentó disimular la acusada con maquillaje.

Según el fiscal, la acusada mostraba un "absoluto desinterés" con el cuidado de sus hijos, pues "se dormía con asiduidad en el sofá de la vivienda" y era la hija mayor, de nueve años, la que tenía que ocuparse de sus dos hermanos pequeños, dándoles de comer y ocupándose de su aseo. Por la mañana, frecuentemente, la madre "no se levantaba con tiempo para llevarlos al colegio", por lo que entre octubre de 2007 y febrero de 2008 los menores acumularon numerosas faltas de asistencia al centro escolar, sin que hayan sido justificadas por ningún parte médico.

El Ministerio Público subraya que "la falta de diligencia en la vigilancia" de los tres menores por parte de M. P. S. D. ha motivado que estos, en numerosas ocasiones, se encontraran "solos en la terraza y en el portal del edificio". En ocasiones, incluso, eran los vecinos quienes se ocupaban de los niños cuando jugaban en la piscina de la urbanización para evitar cualquier peligro. Como consecuencia del entorno familiar donde ha crecido, la hija mayor presenta problemas de conducta y agresividad, que necesitarían ayuda psicológica para ser superados, insiste el fiscal.

Los hechos empeoraron a partir del mes de febrero de 2007, cuando el matrimonio rompió y el convenio regulador estableció que la guarda y custodia de los tres niños de la pareja recaía sobre la madre. La acusación pública atribuye a M. P. S. D. un presunto delito de violencia psíquica y física habitual, por el que se enfrenta a dos años de prisión. En caso de que sea condenada, además, podría permanecer hasta un máximo de tres años sin acercarse a menos de 500 metros a sus hijos.